Jordi Sànchez dice que sigue dispuesto a ser candidato a la investidura

El diputado de JxCat en el Parlament Jordi Sànchez prevé mantener el acta de diputado en el Parlament de momento y está dispuesto —si se lo requieren— a volver a optar a la investidura como presidente de la Generalitat, después de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instara el viernes a España a garantizar sus derechos políticos.

El abogado de Sànchez, Jordi Pina, ha asegurado este lunes en rueda de prensa —donde estaba el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa— que de momento mantendrá el acta de diputado y que, tras hablar con él el sábado, le ha trasladado que está abierto a volver a optar a la investidura si así lo considera oportuno el presidente del Parlament, Roger Torrent.

La defensa ha enviado este lunes un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena —instructor de la causa por rebelión contra Sànchez— en que le comunica las medidas cautelares que defiende el comité de la ONU para garantizar los derechos de Sànchez, y le han pedido que, si vuelve a ser candidato, le ponga en libertad para que pueda acudir a la investidura.

En el escrito, recogido por Europa Press, el abogado del despacho Molins & Silva solicita al instructor que, en base a la resolución del Comité de derechos humanos, «proceda, a la mayor brevedad, al pleno restablecimiento de los derechos políticos» de Sànchez, incluido su derecho a acceder a la Presidencia de la Generalitat.

Propone en primera instancia que le deje en libertad provisional, o bien que se le permita acudir al pleno de investidura en caso de ser propuesto o poder participar por videoconferencia.

«Esta defensa está absolutamente convencida de que el magistrado no propiciará que España incumpla sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y políticos, lo que sería especialmente grave y preocupante tratándose de una decisión del Tribunal Supremo», argumenta.

COMITÉ

El abogado especialista en derechos humanos y profesor del Graduate Institute de Ginebra, Nico Kirsch, ha explicado que el Comité de derechos humanos vela por el cumplimiento del Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito por 170 países, incluida España.

En base al Protocolo facultativo adicional al Pacto —suscrito por España en 1985—, el Comité puede recibir quejas de ciudadanos que vean violentados sus derechos en los países que han ratificado dicho protocolo y dictar medidas que son de obligado cumplimiento, según Kirsch.

En este caso, el Comité admitió a trámite la queja de la defensa de Sànchez y, antes de entrar en el fondo de la cuestión, ha dictado medidas cautelares pidiendo al Estado que garantice sus derechos políticos: «Es muy raro que se acuerden estas medidas en casos de derechos políticos, y aún más que se haga en relación a un país de Europa Occidental».

«Refleja la preocupación del Comité por los derechos humanos y, concretamente, políticos en España conforme al tema catalán», según Kirsh, que asegura que, si un Estado no cumple, es una violación directa del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

«Violación» del pacto

Para Kirsch, si España no cumple y no permite a Sànchez ejercer sus derechos políticos «estará violando el pacto internacional», aunque ha puntualizado que no hay sanciones económicas ni tampoco un plazo concreto para cumplir, por lo que la afectación es a su reputación internacional.

Para este experto, hay un efecto «simbólico» en la decisión del Comité que puede afectar a la imagen internacional de España al adoptarse una medida cautelar, cuando no suelen adoptarse para países del entorno europeo.

Costa, vicepresidente del Parlament

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat) –que ha asistido a la rueda de prensa– ha declarado a los periodistas que, precisamente si España incumple este mandato, puede tener consecuencias en los casos de los otros procesados y especialmente en los procedimientos de extradición, al quedar frente a terceros países como un Estado que incumple mandatos del Comité.

Costa considera «que mientras estaban dinamitando el proceso de investidura» de Jordi Turull —procesado y enviado a prisión provisional antes de la segunda votación—, el Comité de la ONU les ha dado una gran victoria jurídica que tendrá efectos y continuidad en otras causas, augura.