El informe de la UCO acerca la imputación del PSOE como persona jurídica como quieren las acusaciones

El informe de la UCO refuerza las tesis de las acusaciones populares para imputar al PSOE como persona jurídica por financiación ilegal. El documento de la Guardia Civil revela conversaciones entre Santos Cerdán y Koldo García que evidencian un presunto sistema de recaudación de aportaciones económicas desde la Gerencia del PSOE hacia altos cargos de la Administración.

Los agentes revelan que en marzo de 2022 «desde la Gerencia del PSOE se le pidió» al entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, –sospechoso de amañar contratos públicos– que realizase una aportación económica al partido. La revelación forma parte de las pruebas que llevaron al magistrado Leopoldo Puente a ordenar los registros en casa del ex ministro José Luis Ábalos y en varias constructoras el pasado martes.

La relevancia del informe de la UCO trasciende la mera investigación criminal. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 2015, la financiación ilegal de partidos políticos constituye delito según el Código Penal. Crucialmente, las personas jurídicas, incluidos los propios partidos, pueden ser responsables penales de este delito conforme al artículo 304 bis.5.

José María de Pablo, abogado especialista en la materia, explica que «en casos anteriores no se pudo aplicar porque no estaba tipificado, pero desde la LO 1/2015 la financiación ilegal de partidos políticos es delito». El letrado añade que «las personas jurídicas, incluidos los propios partidos, pueden cometer el delito».

El documento de la Guardia Civil desgrana meticulosamente la «evolución» en las medidas de seguridad adoptadas por Cerdán y Koldo, desde «hablar abiertamente sobre circunstancias relativas a la obra pública» hasta utilizar aplicaciones de mensajería cifrada para «ciertos» asuntos comprometidos. Cerdán dijo en una ocasión: «De eso no se habla». Daba a entender que sabía que lo que hacían no era legal.

Mordidas millonarias

«Por Signal», conminó Cerdán a Koldo en una conversación, evidenciando la preocupación por posibles escuchas. El secretario de Organización del PSOE llegó a confesar que «con Bildu hablo por Signal también».

El informe transcribe un audio que Koldo grabó clandestinamente durante un encuentro con Cerdán el 12 de diciembre de 2023. «Llevo un año detrás tuyo», le reprochó el ex asesor. La respuesta de Cerdán fue reveladora: «Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil».

Las conversaciones desvelan un sistema de pagos que alcanzaría cifras millonarias. «450 se le dieron en tres sobres», indicó Koldo a Cerdán en enero de 2021, en referencia a una cantidad de 450.000 euros.

Los investigadores detallan que las «contraprestaciones económicas» procedentes «presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos Cerdán, ascenderían a 620.000 euros», aunque según Koldo aún quedarían «450.000 euros pendientes de abono».

El caso adquiere dimensiones institucionales cuando Cerdán reconoce que en el PSOE «os han revisado hasta el carnet de identidad» y que «nos miran a todos todo». Esta vigilancia interna tenía por objeto descubrir «posibles irregularidades» en las adjudicaciones de obra pública, según la UCO.

Financiación ilegal

HazteOír, que se ha erigido como una de las organizaciones más beligerantes en este caso, ha celebrado las conclusiones de la Guardia Civil y ha promovido una nueva concentración en la sede de Ferraz.

La organización, que se autodefine como la «acusación popular que más teme Pedro Sánchez», ha mantenido una presión constante sobre el caso. «Fuimos los primeros en solicitar la dimisión de Santos Cerdán», destaca la entidad en sus redes sociales, al tiempo que convocaba una nueva protesta con el lema «Todos a Ferraz».

Por su parte, Liberum, que también actúa como acusación popular en este procedimiento, ha intensificado sus críticas tras conocerse el contenido del informe. «Se empieza robando unas primarias, se sigue robando con la excusa del Covid y se acaba en un juicio en el que Liberum no parará hasta que salten todos los corruptos», manifestó la asociación gijonesa en un comunicado público.

El informe de la Unidad Central Operativa supone un espaldarazo decisivo para las acusaciones populares que estudiaban pedir la imputación del PSOE como persona jurídica. La concatenación de pruebas documentales, conversaciones intervenidas y testimonios configura un mosaico probatorio que podría cambiar definitivamente el curso de una investigación que ya ha sacudido los cimientos del PSOE. La justicia española se enfrenta ahora a una decisión histórica que podría sentar precedente en la responsabilidad penal de las formaciones políticas por financiación irregular.