El posible indulto de Sánchez se cuela en el juicio al ‘procés’

Lo único político del juicio al procés es la perenne insistencia de Sánchez por mantener incólume el futuro indulto a los líderes independentistas catalanes que, todavía, están siendo juzgados. «Una vez haya sentencia lógicamente el poder tendrá que posicionarse», afirmaba el líder de los socialistas en un alarde de inmiscuirse, sin pudor, en la independencia de la Justicia que la Constitución de 1978 proclama solemnemente, emanada del pueblo, y que sólo los magistrados sometidos, en exclusiva, a la preeminencia de la Ley sobre cualquier otro pretexto, interés o artificio, están legitimados a impartir en España.

Le conviene no soliviantar demasiado al separatismo en campaña electoral porque va a necesitarlo para perpetuarse. De ahí los obscenos guiños del líder socialista a sus antiguos respaldos en la moción, próximos socios tras el 28-A, públicamente dispuestos a apoyar una reedición del último Gobierno siempre que no se les niegue «el referéndum como opción», pase lo que pase en el Tribunal Supremo. Como si la causa judicial fuese un mero trámite. Cuarenta años de democracia y aquí estamos, tratando de dinamitarla.

Hay quienes se atreven, incluso, a insinuar el sentido de la sentencia anticipándose a la práctica de la prueba en curso. No lo hacen porque dispongan de información, más o menos privilegiada, frente al resto -bendita la pública transparencia de la retransmisión en directo- ni porque exista una presunta trastienda, sino porque siguen dócilmente los dictados de una veda abierta desde el ‘sanchismo’ a la pedagogía infame. Si finalmente sucede lo que muchos ansían, conmutación de las penas, que nadie se escandalice demasiado. Pastorear a la opinión pública es el paso previo e imprescindible para doblegarla y amordazar las críticas a sus desmanes.

«Vamos a ver, señor Pina», entonó Marchena, «cuando yo declaro la impertinencia de una pregunta, usted no me puede decir que estoy errando».

El fallo se emitirá en otoño, suavizados ya los ánimos estivales y con la distancia necesaria para reposar el tribunal en sus conclusiones. Lejano ya el interés por rentabilizar electoralmente el desenlace. La administración de Justicia, valor primario de nuestra convivencia democrática, a salvo de los tentáculos partidistas.»Por mucha voluntad política que haya, por encima de eso está el ordenamiento jurídico», recordaba un cabo de la Guardia Urbana de Badalona en su respuesta a Marina Roig, abogada de las defensas, esta semana. No es baladí hacer mención expresa a esta, y no otra, frase como síntesis sencilla, certera y definitiva de lo que significa este juicio: un desafío encarnizado de los poderes fácticos, Legislativo y Ejecutivo, al Estado de Derecho.

Que así las cosas, un tribunal de siete magistrados, con independencia de la hostilidad del ecosistema político que lo rodea, haya sido capaz de aislarse y enarbolar con admirable estoicismo, hasta la fecha, la esencia del Supremo recuerdo de la Justicia, frente a los denodados intereses de algunos por instrumentalizarla, es motivo de orgullo para los ciudadanos. Ni los unos, rozando por momentos el desacato a su presidente, el juez Manuel Marchena, en la Sala, ni los otros, filosofando desde sus atalayas mediáticas, han sido capaces de doblegarlo. Y tratándose de un tema tan sumamente complejo y relevante para todos, en nuestras libertades, no era tarea fácil.

Aquí se han cometido unos delitos, descritos a priori en una calificación jurídica provisional, tras una ardua labor judicial de instrucción, apoyada en el impagable trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, ahora, se está celebrando un juicio. Si cuando éste concluya, los hechos quedan demostrados, habrá condena. Si no es así, absolución. Todo lo demás, paisaje.