Los independentistas dejan solo a Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela interroga este viernes al ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero tras imputarle un nuevo delito de sedición en relación con la actuación del cuerpo policial durante el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre. Su llegada al tribunal ha sido muy diferente al de las dos ocasiones precedentes, ya que no ha ido prácticamente nadie a apoyarle, mucho menos dirigentes políticos.

La magistrada ya le investigaba junto con la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición por los incidentes ocurridos durante los registros judiciales en Barcelona el pasado 20 y 21 de septiembre.

Esta nueva citación de Trapero -la tercera desde el inicio de las pesquisas- se produce tras ampliar su imputación al día del referéndum, de acuerdo con el auto de citación conocido esta semana, en el que expuso que existió un «plan premeditado» en el cuerpo policial autonómico y una «total inactividad» para evitar la celebración de la consulta ilegal.

Por estos hechos la magistrada cita también para este viernes a su sustituto al frente del cuerpo policial autonómico tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Ferran López, aunque en este caso lo hace en calidad de testigo.

Al margen de Policía y Guardia Civil el 1-O

Para la magistrada, es significativa la «actitud» mostrada por los Mossos «en las distintas movilizaciones sociales impulsadas desde las asociaciones soberanistas -en alusión a ANC y Òmnium Cultural- para respaldar la consecución de los fines secesionistas, manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil».

Es más, destaca que los días 20 y 21 de septiembre los Mossos evitaron «intervenir en los casos» en los que los agentes de Policía y Guardia Civil eran «agredidos» y que «en algunos casos llegaron a increpar e incluso a enfrentarse a alguno de ellos».

En lo que respecta a la celebración del referéndum, Lamela recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó ordenar tanto a la Guardia Civil y la Policía Nacional como a los Mossos que impidieran el uso de locales o edificios públicos para que se llevara a cabo y, «lejos de ellos», la actuación de los Mossos fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia.