Los independentistas anuncian un segundo referéndum y pactos con el Estado para la doble nacionalidad

Junts pel Sí y la CUP aprobarán antes del referéndum ilegal del 1 de octubre la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la principal de las llamadas «leyes de desconexión», prevista para, en caso de que ganara el ‘sí’ a la independencia, crear un marco legal alternativo al español.

Esta norma, a su vez, engloba las principales leyes que compondrán la llamada Constitución catalana, que tendrán que votar en referéndum todos los ciudadanos de la República. Los diputados de Junts pel Sí y la CUP han anunciado, con este motivo, que celebrarán un segundo referéndum para que «el pueblo catalán vote» la nueva Carta Magna de la futura República tras el 1-o.

Doble nacionalidad

Los diputados independentistas han tranquilizado a los que no quieren dejar de ser españoles, según ellos, asegurando que habrá doble nacionalidad. Según los parlamentarios, la Ley de Transitoriedad recoge el derecho a la doble nacionalidad y señalan que pactarán con el Gobierno de Mariano Rajoy para asegurar este punto. Los extranjeros que residan en Cataluña deberán acreditar residencia en Cataluña desde 2012 para adquirir la nacionalidad catalana, según esta norma.

Amnistía para los independenstistas

La ley de transitoriedad jurídica también prevé amnistiar a todos los «investigados o condenados por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república», incluidos, por tanto, el expresidente Artur Mas y los ex consejeros Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs. 

Los diputados separatistas advirtieron que «en ningún caso se amnistiarán casos de corrupción; solo los relacionado con el proceso».

Se olvidan de la deuda pública catalana

Según ha podido saber OKDIARIO, los independentistas se han olvidado de explicar cómo van a saldar la deuda pública de la Generalitat. La ley no menciona este problema en ninguna disposición, ni general ni específica. Y cabe recordar que ya en el primer trimestre del ejercicio en curso creció en 345 millones de euros y se situó en 75.443 millones. 

Según ha podido saber este medio, los separatistas han informado que JxS y la CUP pactarán un posterior desarrollo de leyes para concretar aspectos económicos o concretar la toma de puertos y aeropuertos por parte de Mossos d’Esquadra. La ley tampoco precisa qué tipo de seguridad pública tendría Cataluña, pero aclaran que el Ejército Español tendría que marcharse.

Catalán, castellano y aranés

La Ley de Transitoriedad también recoge la oficialidad de los idiomas catalán, castellano y aranés en la futura República de Cataluña que la ley trata de articular. La Generalitat, según el borrador de la nueva ley, pasará a llamarse Administración de la Generalitat, reemplazando de esta manera a la actual Administración del Estado en Cataluña.

Fuera la jurisdicción militar y la AN

La ley desgrana muchos detalles de la estructura judicial prevista para Cataluña, donde no habría Audiencia Nacional; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se reconvertiría en el Tribunal Supremo Catalán, y el giscal general de la república sería nombrado por el Parlament y no por el Govern, «garantizando plena independencia».

La norma, que solo entraría en vigor si ganara el ‘sí’ en el referéndum, también prevé descartar la Sala 5 de jurisdicción militar, si bien se mantendrían las otras cuatro salas: civil, penal, contenciosa administrativa y social.

La estructura de empleados «tendrá continuidad, seguirán con su plaza y tendrán las mismas retribuciones que hasta ahora», pero adaptándose a la nueva organización. El nuevo Tribunal Supremo tendría también una Sala de Gobierno, que sería el Consejo General del Poder Judicial catalán y estaría formada solo por jueces, y se crearía una Comisión Mixta para «garantizar todos los medios materiales y las funciones».

Según han informado, el ‘proceso constituyente’ para definir la constitución duraría unos seis meses. Tras este periodo de tiempo, el presidente de la república disolvería el Parlamento y convocaría las llamadas ‘elecciones constituyentes’.