Imputados por prevaricación y malversación los dos primeros altos cargos de Sánchez
Soler es director general de la Sociedad Estatal de Promoción de Suelo
Buyolo es director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030
Se les investiga por la venta de un solar municipal a una empresa implicada en la trama de supuesta financiación ilegal del PSOE valenciano
Ximo Puig desvió pacientes por 9 millones al grupo privado implicado en la financiación en B del PSOE
Primeros imputados en la administración de Pedro Sánchez. El director general de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), Alejandro Soler, y el director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, Federico Buyolo, se enfrentan a hechos constitutivos de delito de prevaricación y malversación de caudales públicos después de que hoy el Juzgado de Instrucción Nº1 de Elche haya admitido a trámite la querella [puede leerla íntegra aquí] presentada contra ambos por la diputada valenciana del PP Eva Ortiz.
Soler y Buyolo deberán presentarse ante el juez el próximo 5 de febrero, «a fin de recibirles declaración con instrucción de sus derechos, bajo apercibimientos legales».
Los hechos se remontan a 2008, cuando siendo Soler alcalde de Elche y Buyuelo concejal, el Ayuntamiento decidió traspasar un solar de su propiedad a Hospimar, la empresa hospitalaria privada implicada en la trama de presunta financiación ilegal del PSOE valenciano.
La querella admitida a trámite, que convierte a Soler y Buyolo en investigados (lo que antes se conocía como imputados), sostiene que el Ayuntamiento enajenó el terreno sirviéndose de una treta con la empresa pública Pimesa para esquivar la obligación legal de solicitar una tasación pericial, convocar una subasta e informar a la Consejería de la Generalitat competente en materia de patrimonio.
Entiende el PP que el Ayuntamiento socialista evitó así que el precio mínimo de venta fuera el que determinara la tasación y que, finalmente, Hospimar, la empresa implicada en la trama de supuesta financiación ilegal del PSOE valenciano, se hiciera con el solar a un precio muy inferior al de mercado, donde pudo construir el Hospital de Elche.
Son, pues, dos los supuestos delitos que investigará ahora el Juzgado de Instrucción de Elche: prevaricación (por la aportación del solar que el Ayuntamiento hizo a Pimesa para eludir controles de transparencia y concurrencia pública) y malversación de caudales públicos (si Pimesa lo vendió después a Hospimar por un precio menos del que hubiera podido obtener el Ayuntamiento en una venta directa mediante concurso).
Colocados por Sánchez
El entonces alcalde de Elche, Alejandro Soler, fue nombrado director de SEPES el pasado mes de julio por el ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos. Se trata de una empresa pública adscrita a Fomento que tiene como fin la promoción y preparación de suelo para proyectos residenciales, industriales, terciarios y de servicios. La firma cuenta con 14,5 millones de metros cuadrados de suelo ya desarrollado, valorados en 467 millones de euros, cifra que le convierte en uno de los primeros propietarios de suelo del país.
Por su parte, Federico Buyolo fue nombrado director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 en agosto. Se trata de un organismo creado por Pedro Sánchez para cumplir con los propósitos de la ONU de erradicar la pobreza, lograr la plena igualdad de género o frenar el cambio climático.
Soler y Buyolo fueron dos de las decenas de militantes y dirigentes del PSOE que Sánchez colocó en las empresas estatales al comienzo de su mandato.
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