La imputada en el ‘caso Acuamed’: premiada por su labor anticorrupción y profesora de ética pública

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 14/05/2019 19:00
  • Actualizado: 14/05/2019 19:13

Gracia Ballesteros, una de los tres directivos de Acuamed que denunciaron la supuesta corrupción de la ex cúpula de la firma, junto a Francisco Valiente y Azahara Peralta, ha sido agasajada e incluso premiada durante estos años por su valentía y lucha contra la corrupción.

Ahora imputada en el mismo caso que ella denunció, por las mismas prácticas que ella denunció, tendrá que declarar el 20 de mayo en la Audiencia Nacional acusada de prevaricación, delito penado con hasta 15 años de cárcel, como ha publicado este diario este martes.

Ballesteros ha sido premiada en dos ocasiones por su labor contra la corrupción. En febrero de 2017 recibió el Premio de la Fundación Hay Derecho junto a Valiente y Peralta, los otros dos directivos que dieron lugar al ‘caso Acuamed’ -que fue utilizado por el PSOE para desgastar al PP de Mariano Rajoy y que lleva cuatro años en fase de instrucción-.

Poco después, en mayo, recibió el primer premio ACCORS contra la Corrupción y por la Regeneración social.

Además de haber recibido dos premios, Ballesteros es profesora en el Máster de Hacienda Autonómica y Local: Economía y Gestión avanzada e imparte el módulo de ética pública, promoción de la integridad y buenas prácticas. Según su curriculum inició las clases en octubre de 2017 y continua en la actualidad.

Peralta

La otra directiva de Acuamed que denunció las presuntas irregularidades, Azahara Peralta, también está denunciada en el mismo caso, aunque la Fiscalía aún no se ha pronunciado al respecto. Como publicó este diario, Peralta está denunciada por sus ex jefes por supuesto desvío de un millón de euros en una obra de la que ella era la responsable.

La decisión de la fiscalía de denunciar a Ballesteros y la del juez de citarla a declarar como investigada da un vuelco al caso. Mientras la Fiscalía sigue -tras cuatro años en fase de instrucción- sin poder probar los supuestos cobros a cambio de adjudicaciones de obras, las sospechas se vuelven ahora hacia los denunciantes.