Illa financiará «campañas de concienciación» para «legitimar socialmente» la inmersión en catalán

El PSC, encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprobado en el Parlamento catalán una resolución junto a los independentistas y a los antisistema de la CUP para asegurar la puesta en marcha de «campañas de concienciación» que pretenden «legitimar socialmente» la inmersión lingüística en catalán en las escuelas públicas. Los únicos grupos que se han opuesto a esta iniciativa son Vox y PP.

La resolución impulsada por el secesionismo y los socialistas busca poner en práctica «medidas para garantizar la educación pública y en catalán». Esta iniciativa lleva la firma de las formaciones independentistas y la anticapitalista CUP junto a la del PSC de Illa. Se aprobó este pasado 3 de junio en la Comisión de Educación y Formación Profesional de la cámara autonómica.

El escrito que han logrado aprobar las fuerzas secesionistas y socialistas instan al Gobierno de Illa, del propio PSC, a tomar una serie de medidas en esa materia. Entre ellas está el refuerzo de «los modelos educativos que garantizan la competencia en lengua catalana». Y piden asegurarlo a través de «medidas legislativas y ejecutivas» para forzar su aplicación.

Uso del catalán en «horas de recreo»

Por otro lado, se pide «el fomento del uso de la lengua catalana en el sistema educativo». A su vez, los partidos firmantes exigen la creación de «espacios de uso más allá del aula». Entre otros lugares, piden extender el fomento del catalán a «las horas de recreo, las actividades extraescolares, el servicio de comedor y las actividades complementarias».

En ese mismo sentido, se insta al Govern de Illa a «legitimar socialmente el modelo lingüístico con argumentos compensatorios». Es decir, poner en valor la inmersión lingüística, en la que se margina al español, que propone el Ejecutivo catalán. Pide justificarlo con razonamientos como la «equidad formativa y laboral, la capacitación lingüística real, la cohesión social» o «la interculturalidad».

Para lograr estos objetivos, la propuesta de los partidos independentistas, junto al PSC, señala la realización de «campañas de concienciación lingüística» como una herramienta clave para «fortalecer el uso de la lengua catalana entre toda la comunidad educativa».

Asimismo, otra de las tareas que se autoimponen los socialistas es la «promoción del uso de la lengua catalana en todos los ámbitos». Esto se haría con la producción de «material audiovisual y de consulta en lengua catalana» que esté relacionado con la materia que estudiarían los alumnos.

De cara a lograr estos objetivos, los independentistas instan a Illa a «comprometerse» con «profesionales de la educación y las entidades que trabajan en la defensa de la lengua catalana».

En ese mismo sentido, la última de las medidas a las que se insta a Illa es la de garantizar un «refuerzo significativo en el aprendizaje de la lengua catalana en la Educación Secundaria Obligatoria y el bachillerato», para «asegurar que los alumnos alcancen las competencias lingüísticas necesarias al terminar». Es decir, que, para aprobar, todos los alumnos tendrán que tener un nivel adecuado de catalán. Todo ello, eso sí, según recoge la iniciativa, «respetando la autonomía de los centros educativos en la definición de los proyectos lingüísticos».

Imposición del catalán a los jueces

Esta propuesta se suma a la que hace unos días se aprobó en el Parlament, entre el independentismo y el PSC, para imponer el catalán en los tribunales con «programas específicos de formación para jueces y fiscales».

La resolución versaba «sobre la promoción y la garantía del uso del catalán en la Administración de justicia». Los grupos ponen varias tareas al Govern de Illa. Entre ellas estaba la aplicación de «medidas para asegurar que los ciudadanos catalanes puedan ser atendidos, defendidos y juzgados en catalán» en el ámbito judicial.

Del mismo modo, aquella iniciativa también ahonda en que se debe «incluir el fomento del uso del catalán en todos los trámites administrativos y judiciales». Con esa resolución, el PSC de Illa se autoimponía el deber de sensibilizar a «los operadores jurídicos en lo que se refiere a la importancia de este derecho fundamental».