Guerrero subió los salarios en el sector de la limpieza en Granada con dinero destinado a los ERE

Francisco Jardón Arango, expresidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), ha asegurado este martes que el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero pagó con dinero destinado a los ERE la subida salarial del sector de la limpieza pública en Granada en 2006

Así lo ha señalado Jardón Arango en su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Guerrero, por el procedimiento por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en los ERE entre los años 2001 y 2011.

Jardón Arango, por mandato de las empresas de limpiezas, intervino en el conflicto laboral de los trabajadores de limpieza en la provincia de Granada que se inició en 2004 y que continuó hasta 2006 y que afectaba a las empresas Cespa y FCC, donde el problema radicaba en la petición «desmesurada» en la subida salarial que realizaron los sindicatos.

Ante una situación en la que la negociación no avanzaba, Jardón Arango ha explicado que en una reunión mantenida en la sede de Confederación de Empresarios de Andalucía en Sevilla, un representante de CCOO llamó por teléfono directamente al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, indicándole que había que buscar una salida al conflicto y que tenía que intervenir la Junta.

Además, el representante sindical le dijo a Jardón, que precisamente se encuentra investigado en la pieza separada de los ERE que investiga las ayudas dadas a Cespa y FCC, que el PSOE tenía una convención en Málaga en abril de 2006 y que debían ir a reunirse con Guerrero, siendo esta la primera vez que el testigo conoce al ex director general de Trabajo.

También asistió a esta reunión el delegado provincial de Empleo en Granada y el representante de CCOO Rafael Hueso, a quien Jardón Arango le transmitió que si los trabajadores no retiraban su propuesta era «imposible» llegar a un acuerdo.

En el encuentro con Guerrero, según el testigo, el ex director general de Trabajo preguntó a Hueso cuánto suponía la subida y dijo que «lo pagaba la Dirección General de Trabajo» que tenía «consignación» para eso. El acuerdo se transformó en convenio colectivo para los trabajadores de la limpieza de la provincia de Granada.

«Todos menos el arzobispo»

Tras esto se celebró una reunión «en un palacete» de Granada donde acudieron «todas las fuerzas vivas de la ciudad menos el arzobispo». Fue un hecho «público y notorio» la firma del convenio por parte de Guerrero y el ex delegado provincial de Empleo, en el que la Junta asumía la subida salarial.

El testigo ha admitido que no sabía que existían este tipo de ayudas pero «me lo dijo Guerrero».

A finales de 2006, como representante de las empresas, Jardón Arango, se puso en contacto con Guerrero para reclamar el pago de los compromisos adquiridos, pues FCC y Cespa habían adelantado el dinero que tenía que recibir de la Junta para la subida salaria de los trabajadores. Las dos empresas recibieron sólo un pago cada una.

«Una foto de Rocío jurado»

A la llegada de Juan Márquez, encausado en este juicio, a la Dirección General de Trabajo en 2008, cuando se dejaron de abonar estos pagos, Jardón le remitió una carta solicitándole una reunión y exponiéndole la situación de las empresas. Según el testigo la reunión era para decirle «qué hay de lo mío».

Márquez, en la reunión, le dijo al representante empresarial que en la Dirección General de Trabajo «no había rastro de lo que se había hecho» y que «sólo» conocía lo que él mismo le había contado en la carta. «A mí como si me traes una foto firmada de Rocío Jurado», contestó Márquez a Jardón después de que éste le dijera que las empresas emprenderían acciones legales por el incumplimiento de los compromisos de la Junta.

Jardón, que estuvo al frente de la patronal de limpieza 32 años, ha afirmado que Guerrero le dijo que «tenía partida presupuestaria para pagar» la subida y ha manifestado que «nunca» ha puesto en duda la capacidad de interlocutor del ex director general de Trabajo. «Nunca dudé de su buen hacer», ha añadido.

El turno de testigos este martes en el juicio lo ha abierto Francisco José Gómez Millán-Roselló, quien fue técnico de la Intervención General durante diez años y jefe de servicio en la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Planificación entre 2002 y 2012.

Gómez Millán-Roselló ha afirmado en varias ocasiones durante su interrogatorio que las transferencias de financiación tienen que destinarse para el fin que tienen establecido y recogido en la Ley de Presupuestos autonómica. Por ello, las transferencias de financiación con cargo al programa 31L que se realizaban desde la Consejería de Empleo hasta el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las ayudas investigadas por parte del ente instrumental tenían que destinarse al pago de las ayudas y no para otros fines diferentes.

Para el testigo la ausencia de fiscalización «no equivale a ausencia de fiscalización» pues, como es el supuesto de IFA/IDEA, también la realizada a posteriori a través del Control Financiero Permanente. Así, ha manifestado que el modo de presupuestar un gasto «no implica fraude per se», sino que «depende de como se ejecute el gasto».

Sobre las modificaciones presupuestarias, ha indicado que éstas no podían aprobarse sin el informe vinculante favorable de la Intervención General. Entre otras cuestiones, ha afirmado que no detectó desfase en las cuentas de IFA/IDEA porque «no se trata de pérdida patrimonial» y esto no era objeto de estudio por la Dirección General de Presupuestos.

Además, en referencia al procedimiento de concesión de ayudas investigado, ha dicho que si IFA/IDEA «hubiera gestionado todo el proceso de concesión de ayudas –no sólo el pago– no hubiera habido problemas con las transferencias de financiación».

Tres testigos en una hora

El último testigo en declarar este martes ha sido Manuel José López Braceros, presidente del comité de empresa de Primayor entre los años 2007 y 2008 y trabajador de ésta y sus antecesoras Hijos de Andrés Molina y Campocarne.

Ha señalado que mantuvo reuniones con Guerrero en «dos o tres ocasiones» para que les ayudará a buscar soluciones a la empresa. Igualmente también mantuvo reuniones con el ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, quien era su asesor cuando la empresa empezó a ir mal.

En este sentido, ha indicado que mantuvo reuniones con delegados provinciales y con el sucesor de Guerrero en la Dirección General, Juan Márquez, para pedirle «ayuda» para los extrabajadores de Primayor. Aunque la solicitó, nunca tuvo un encuentro con el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, quien está procesado en esta causa.

El testigo ha señalado que conocía que los extrabajadores de Primayor que recibían ayudas sociolaborales de Empleo y lo hacían tras la firma de una póliza con una aseguradora, pero desconocía quién decidió la compañía.

En la sesión de este martes estaba previsto la declaración de cuatro testigos, si bien antes del receso sólo lo había hecho uno. Al retomar la sesión en torno a las 13,00 horas, el presidente del tribunal avisó a las partes de que como no iban a poder declarar los otros tres en la sesión de mañana se continuaría en sesión de tarde este martes.

Si bien, en poco de más de una hora la Sala ha escuchado las declaraciones del exchófer de Guerrero, Francisco Jardón y Manuel José López, a quienes, salvo la Fiscalía y algunas defensas, las acusaciones y la mayoría de los abogados de los acusados no han realizado preguntas.