Guardias civiles suspendidos por mucho menos que el DAO: «Me pidieron un año por llamar embustero a Zapatero»

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 04/07/2026 05:45
  • Actualizado: 04/07/2026 07:23

Guardias civiles han sido suspendidos por mucho menos que el director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita, Manuel Llamas, quien ha sido imputado este jueves en el caso de las cloacas del PSOE por prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia. «Me pidieron un año de suspensión de empleo y sueldo por llamar embustero a Zapatero», declara a OKDIARIO uno de los agentes represaliados.

El caso de este guardia civil, con 28 años de servicio en el Cuerpo y seis condecoraciones, se remonta a 2007. Este agente se vio obligado a librar una batalla durante tres años, que llegó hasta la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Tuvo su origen en la primera y única concentración de guardias civiles uniformados, celebrada en enero de aquel año en la Plaza Mayor de Madrid, bajo el lema «Derechos ya».

Fue organizada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, y la secundaron 13.000 agentes, de los cuales 3.000 acudieron en uniforme y con tricornio, algo por lo que ya se arriesgaban a un expediente, como ocurrió a una veintena, e incluso la expulsión del Cuerpo si se les imputaba un delito militar. Actualmente, está legalizado el derecho de manifestación, pero están prohibidas las concentraciones y manifestaciones de uniforme.

El protagonista de esta historia era uno de los uniformados y fue captado por las cámaras entre un grupo de compañeros, en el que destacaba por su buena planta y salió en primera plana en los periódicos.

«Aquella foto fue la que me crucificó», señala a este diario. Se trata de un representante de la AUGC en Canarias. Su pecado no fue el ir de uniforme, sino que en la movilización se gritó «¡Zapatero embustero, Rubalcaba dimisión!», tanto por parte de los concentrados como de ciudadanos asistentes, en referencia al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya fallecido.

No es un insulto, sino la verdad

Su calvario comenzó a raíz de que en una entrevista le preguntaran por ello y comentase que «llamar embustero a una persona que promete una cosa y no la hace, no es un insulto, sino la verdad».

Fue por este motivo por el que le abrieron el expediente disciplinario, coincidiendo, además, con que al general jefe de Canarias de la época le impusieron 300 euros de multa por cada semana que incumpliera una sentencia que él había ganado para que todos los guardias de un cuartel hiciesen un mismo servicio, el de puertas.

«Cuando ese general fue sancionado fue cuando dio parte de mí por aquellas declaraciones sobre Zapatero, a la semana siguiente, a mediados de febrero», explica a este diario el afectado. Y ya en marzo, cuando se presentaba al examen de cabo, justo el día anterior le fue notificada la apertura de un expediente disciplinario por una falta muy grave, con cese en funciones durante tres meses. «Con lo cual, también me jodieron el ascenso», critica indignado.

Aquello ocurrió «un jueves a las 20:20» –no se le olvida– y al día siguiente, a las 7:00 de la mañana viajaba a Baeza (Jaén) para el examen. «Me lo notificaron vía fax para que no pudiera ir al examen», apunta el afectado. En aquella convocatoria se presentaban 810 guardias para 790 plazas de cabo, por lo que «prácticamente aprobando el examen estaban dentro».

Sin embargo, este agente tuvo que esperar tres años para poder volver a presentarse, pero finalmente cambió su situación personal y ya no le interesaba ascender.

La dignidad de la institución

La causa esgrimida para imputarle una falta muy grave fue la de «observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución, que no constituyan delito». Y ello por el mero hecho de llamar embustero a Zapatero, quien se ha convertido en el primer ex presidente del Gobierno imputado en 50 años de democracia. 

Zapatero está imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida. Y también por fraude fiscal y contrabando, respecto a sus joyones que, como reveló en exclusiva OKDIARIO, están valorados en 1,3 millones de euros.

En la citada concentración de 2007, los agentes corearon aquel cántico a raíz de que Zapatero prometiera una serie de iniciativas en la Guardia Civil durante la campaña electoral de 2004, pero una vez en el Gobierno no diera cumplimiento a sus promesas. Y ya habían transcurrido tres años de entonces.

En concreto, «se había comprometido a cambiar el régimen disciplinario de la Guardia Civil», una ley de derechos y deberes de 1991, en el que estaban incluidos los arrestos domiciliarios, y que finalmente se modificó a raíz de aquella histórica movilización. El actual régimen disciplinario se estableció en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, y entró en vigor en enero de 2008, poniendo fin a las privaciones de libertad por sanciones administrativas, entre otras cuestiones.

También lograron con aquella concentración que se creara la ley de derechos y deberes y se legalizaran las asociaciones profesionales, «que eran otras de las medidas prometidas en 2004». Asimismo, Zapatero había vendido que desmilitarizaría la Guardia Civil, pero en mayo de 2006 Rubalcaba admitió que no se llevaría a cabo.

Indisciplina

Tras cumplir los tres meses de cese de funciones, este agente volvió a su puesto, donde sigue destinado actualmente y ya lleva 24 años. La apertura de un expediente disciplinario no conlleva per se el cese, pero a este agente se lo aplicaron alegando que «mantenerle trabajando podía generar indisciplina para el resto de guardias civiles».

Después de aquello, en la propuesta de resolución del expediente por llamar embustero a Zapatero le pedían un año de suspensión de empleo y sueldo. Este procedimiento lo establece el Régimen del Personal, en su artículo 92: «Se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave».

Finalmente, el entonces director de la Guardia Civil, Joan Mesquida, le impuso un mes de suspensión de empleo y sueldo. El perjudicado no se aquietó ante aquello y lo recurrió ante el Tribunal Militar Central, que lo rebajó a 14 días de sanción, pero para entonces ya estaba cumplida, por lo que le resarcieron con parte del dinero detraído.

No obstante, al afectado, como no estaba conforme con el castigo que estaba sufriendo por decir aquellas palabras, se alzó en casación ante el Tribunal Supremo, donde finalmente se quedó igual el caso.

El calvario de otros agentes

La suspensión de funciones es lo que ocurre a todos los guardias civiles que son imputados, incluso por actuaciones en acto de servicio. Además, se están dando casos de agentes a los que se les aplican en primer lugar tres meses, de acuerdo al Reglamento, y, cuando finaliza ese periodo, les suspenden durante seis meses, de acuerdo a la Ley del Personal.

Y, como el artículo 66 del régimen permite que se les aparte de los procesos de ascenso, no son pocos los miembros de la Guardia Civil que han sido apartados de sus funciones o suspendidos sus procesos de ascenso o de condecoraciones al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria.

Entre los agentes expedientados se encuentra Serviliano Valencia, secretario de comunicación y Relaciones Institucionales de la AUGC en Badajoz, quien fue sancionado en 2025 por consultar la matrícula del un vehículo usado por el ex presidente autonómico catalán Carles Puigdemont para huir tras su aparición en un acto en Barcelona en agosto de 2024.

En noviembre de 2023 también fueron suspendidos cautelarmente de empleo y sueldo tres guardias civiles a los que se les abrió un expediente por falta muy grave por criticar la amnistía y el pacto PSOE-Junts. 

Otro de los agentes acribillado a expedientes es Braulio J. Calvo, líder de la AUGC en Badajoz, por consultar en la base de datos el DNI de su hermano. Su madre lo llamó diciendo que estaba desaparecido y él metió en el programa a ver si había tenido un accidente o había pasado algo. El caso llegó al Juzgado número 3 de Badajoz, cuya juez titular, en consonancia con la Fiscalía, lo archivó  inmediatamente porque no existía delito alguno y la consulta fue legítima.

En paralelo, se le abrió  un expediente por falta muy grave, alegando abuso de atribuciones y daño a los ciudadanos, y sin esperar a la resolución del mismo, se le suspendió de sus funciones durante cuatro meses, solicitando, además, su cese en el destino. Un año después, la Guardia Civil tuvo que archivar el expediente. Tras este calvario, Calvo se ha querellado contra el mando, que ahora es el investigado y a quien, como el DAO, tampoco se le ha cesado.

«Si eres jefe y estás investigado, no te cesan, pero si te tienen ganas, sí, como hicieron conmigo, que me metieron el máximo, que son tres meses», denuncia el afectado, a quien en los últimos dos años se le han abierto hasta 12 expedientes por faltas graves.

Los ha ganado todos, salvo uno, y en su conjunto le han supuesto la pérdida de más de 1.000 euros. Las causas han sido de lo más variopintas, desde por no ir de uniforme a defender a un compañero, pese a no tener obligación de ello; al hecho de hacer reivindicaciones en una entrevista; o el aportar un expediente a un informe que sus jefes ya tenían y por ello le acusaron de revelación de secretos. Este agente considera que considera en su mayoría obedecen a represalias por su batalla como representante sindical.

Un calvario que también ha padecido Ángel Iglesias, quien estaba en los TEDAX y lo echaron de la especialidad aplicándole una sanción con pérdida de destino. Era delegado de AUGC en Cantabria y durante años denunció deficiencias de material, personal y vehículos, así como la no aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales a los TEDAX, «un hecho que nunca ha sido del agrado de quienes dirigen el Departamento», según explican desde la asociación.

El denunciar en 2019 la avería de un aparato utilizado para la seguridad de los artificieros y la tardanza en su reposición, le costó un expediente disciplinario que acabó en sanción, dos expedientes médicos y un expediente por el que perdió la especialidad de TEDAX y, como consecuencia, su destino.

Tiene que decidirlo Robles

Manuel Llamas, DAO de la Guardia Civil, tiene que ser suspendido de sus funciones tras su imputación en el caso de las cloacas del PSOE si se le aplica el mismo rasero que al resto de miembros del Cuerpo. Una decisión que corresponde a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y posteriormente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, determina si la suspensión lleva consigo el cese del destino.

En el caso cloacas, el magistrado Santiago Pedraz investiga una presunta trama liderada por ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la fontanera socialista Leire Díaz que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En él también está imputada la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia. Y tras este escándalo, cinco asociaciones de la Benemérita, incluidas la mayoritaria y las tres de mandos, han exigido la dimisión inmediata de la directora y el cese del DAO. Además, una de ellas ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

Por su parte, Hazte Oír, que ejercita la acusación popular, solicitará la prisión provisional de la todavía directora y el DAO por «el riesgo de destrucción de pruebas estando en sus cargos, y porque justo esos cargos facilitarían el que pudieran seguir continuando en la presunta acción delictiva». La AUGC, que también es acusación popular, exigirá medidas cautelares para «apartarlos y evitar que su continuidad en el cargo pueda condicionar o alterar la investigación judicial».