España
Subasta de armas

La Guardia Civil subasta 2.500 armas de fuego incautadas en Barcelona

La Guardia Civil ha convocado una subasta de armas en las dependencias de la Comandancia de Barcelona para el próximo mes de octubre. Se pondrán a la venta un total de 2.500 armas, entre ellas escopetas, pistolas y revólveres.

Se trata de armamento que fue incautado a sus propietarios por varios motivos. Entre ellos, carecer de permisos administrativos o haber sido sustraídas. Sin embargo, ninguna de las armas ha sido utilizada para crímenes. Estas últimas son inutilizadas y destruidas una vez finalizada la investigación penal de los hechos con los que están relacionadas.

El catálogo de la subasta incluye 1.568 escopetas, 348 pistolas, 252 revólveres, 77 rifles, 34 armas de avancarga, 4 sistemas flobert (cartuchos sin pólvora), 2 de dosis anestésicas, una ballesta, una pistola detonadora y una de aire comprimido.

La Guardia Civil ha comunicado a los interesados en participar en la subasta que deberán acreditar que están en posesión de la licencia de armas correspondiente al tipo que quieran adquirir. Todas estas armas han sido incautadas por el servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil.

Armas en Barcelona

Esta es una de las mayores subastas de todas las que celebra la Guardia Civil en España, ya que los índices de incautación de armas son superiores en Barcelona que en el resto de España.

De hecho, como informó OKDIARIO, este mismo verano los Mossos d’Esquadra pusieron en marcha una campaña especial de cacheos para incautar armas de fuego en la calle.

Según fuentes internas de la policía autonómica, los mandos de diferentes comisarías de Barcelona insistieron a sus agentes en la necesidad de llevar a cabo “identificaciones” a personas de aspecto conflictivo para comprobar si tienen antecedes penales. Y esas identificaciones deben ir acompañadas de cacheos.

El objetivo de esta campaña de cacheos, explicaban, era aumentar “el número de incautaciones de armas blancas e incluso de fuego”. Lo achacaban a una decisión política del Gobierno de Quim Torra ante el auge de la presión social por la inseguridad callejera en Barcelona.