El ex interventor ratifica que Griñán y otros dos consejeros conocieron las irregularidades de los ERE

El interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, ha ratificado este lunes en el juicio del ‘caso ERE’ que tres consejeros «recibieron» en 2005 los informes de la Intervención General sobre el ejercicio de 2003 en relación a las deficiencias presupuestarias en el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en los que se recogían «una serie de circunstancias que eran lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas».

La declaración se ha producido ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial que juzga a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

La vista oral se retomaba este lunes, en su vigésimo segunda sesión, con la continuación del interrogatorio del Ministerio Fiscal a Gómez, tras las más de siete horas del pasado miércoles. El ex interventor general, a preguntas de la Fiscalía, ha afirmado que se ratificaba en lo manifestado el 28 de abril de 2015 ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruyó la causa de los ERE, en relación a que tres miembros del Consejo de Gobierno, en referencia al consejero de Hacienda, José Antonio Griñán —posteriormente, presidente de la Junta—; el de Innovación, Francisco Vallejo; y el de Empleo, Antonio Fernández, habían recibido los informes realizados por la Intervención General.

Sobre el informe de Control Financiero Permanente (CFP) de cumplimiento de IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que además se detecta un desfase en las cuentas, así como sus informes provisionales y los adicionales elaborados por interventores, Gómez ya habló el pasado miércoles, cuando dijo que los remitió al titular de la Consejería a la que se adscribía en ente instrumental, en este caso Innovación, al consejero de Hacienda, en ocasiones vía viceconsejera —Carmen Martínez Aguayo—, y al titular de Empleo, por ser la Consejería a la que pertenecía IFA en 2003.

Precisamente, en las sesiones del pasado miércoles, Gómez aseguró que había «muchas deficiencias» en los expedientes de las ayudas sociolaborales concedidas por Empleo pero éstas no suponían menoscabo de fondos públicos ni delito, añadiendo que a él se le reprocha no haber emitido un informe de actuación tras detectarse deficiencias en los expedientes de gestión de las ayudas sociolaborales, pero hasta una docena de técnicos de la Intervención en el ámbito del CFP no advirtieron tener «en sus narices» un supuesto de menoscabo de fondos públicos.

Según consta en el acta de su declaración ante el Supremo, Gómez, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, defendió la realización de informes adicionales en lugar de informes de actuación, que son mecanismos de control financiero, pero también que es «erróneo» que la falta de informes de este último tipo no implique la actuación de las diferentes consejerías.

«Excusas» de Griñán, titular de Hacienda

«Es una excusa», dijo Gómez, que también declaró que el consejero de Hacienda —el citado José Antonio Griñán— tenía como competencia el control de la Junta y que si se le estaba advirtiendo de que había un déficit importante no tenía por qué esperar a ningún otro informe para actuar, sino que tenía competencias para tomar medidas

A preguntas de su abogado, José Rebollo, el ex interventor general ha afirmado que las ayudas sociales no se podían fiscalizar, aunque, según ha precisado, esto no significa que «queden fuera de control en absoluto, pues el órgano gestor [la Dirección General de Trabajo] debe garantizar sus mecanismos de control».

De otro lado y tras visionarse una carta del ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero en 2008, ha puesto de manifiesto que la labor de control de la Intervención en años anteriores ha tenido «eficacia».

El Control Financiero Permanente «logró resultados, no es un canto al sol», ha resaltado, valorando que comenzar a gestionarlas vía encomienda de gestión fue por la labor del CFP y «no porque el caso de los ERE saliera a la luz», recordando que en abril de 2011 se firmó una norma reguladora de las ayudas sociales.

En este sentido, ha expresado que Diz-Lois, inicialmente investigado en este caso, fue exculpado por estar en estos cambios «y yo sigo estando aquí». Ante estas palabras el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha instado a «no hacer más comentarios sobre las personas inculpadas o no».

«No hay quien lo impida»

Gómez, que no tuvo conocimiento de la presencia de intrusos en los ERE o que Empleo no hacía seguimiento ni exigía justificación, ha vuelto a criticar el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) rechazando que los presupuestos de IFA/IDEA estén «falseados», así como que es «un abuso argumental» decir que 45 normas fijan el destino exclusivo de las transferencias de financiación para equilibrar pérdidas.

De otro lado, el ex interventor ha señalado que si alguien quiere gestionar de forma irregular «no hay mecanismo» de control que lo impida, poniendo de relieve la actuación de la Intervención General tuvo eficacia, aunque se pueda tildar de «tardía». Con los informes «se cambió la conducta» en cuanto a las transferencias de financiación, el modo de gestión de las ayudas, que se regularon, y la fiscalización.

A preguntas de su abogado y del presidente del tribunal, Gómez ha explicado que el decreto ley 4/2012 de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis y el informe jurídico redactado en su tramitación señalan que «las ayudas sociolaborales no son subvenciones en sentido estricto».

«Claramente las ayudas sociolaborales no son subvenciones en función del decreto ley 4/2012», norma que ha «arrojado luz» a esta cuestión terminológica, aunque antes se entendieran que las ayudas juzgadas eran subvenciones. En este sentido, ha añadido que el régimen jurídico de las ayudas era «incierto», apuntando la «tentativa» de que pudieran ser reguladas por la Orden Ministerial de 1995.

Por último, Gómez, para quien la gestión de las ayudas «fue muy desmañada», ha señalado que dado que el régimen jurídico de éstas no es cierto «no sé si son nulas» o no, «no lo tengo claro».

Turno del ex viceconsejero de Innovación

Tras el ex interventor general, ha comenzado el interrogatorio a Jesús María Rodríguez Román, viceconsejero de Innovación, con Vallejo como titular de la Consejería, entre marzo de 2005 y abril de 2010, y para quien el Ministerio Fiscal solicita ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación.

Durante la hora que durado su declaración este lunes, Rodríguez Román ha explicado que el director general de IDEA, Miguel Ángel Serrano, le informó sobre las ayudas sociolaborales comentándole que la agencia sólo tenía una labor de intermediación para el pago de éstas. «A veces, Empleo no enviaba los fondos necesarios y se veían obligados a parar los pagos», ha añadido sobre lo informado por Serrano.

El ex viceconsejero, que ha resaltado que le gustaba leer lo que firmaba, ha indicado al respecto de los desfases detectados por la Intervención en los presupuestos de IFA/IDEA en 2005 que era una cuestión de Empleo aunque la abordó con el viceconsejero de este ramo, Agustín Barberá, adoptando éste el compromiso de solucionarlo. Ha insistido, en varias ocasiones, que la agencia no pagaba si Empleo no mandaba el dinero suficiente para afrontar los compromisos firmados.