El Govern socialista de Baleares excluye a 160 sanitarios por no acreditar el catalán

La dictadura lingüística catalanista del Gobierno de la socialista Francina Armengol en las Islas Baleares acaba de mostrarse en toda su crudeza. En la reciente convocatoria de plazas para Técnicos de Radioterapia sólo ha sido admitido el 10% de los postulantes —es decir, 18—, porque 160 de los 162 excluidos se han quedado fuera por no acreditar el nivel requerido de catalán.

El enorme escándalo y la polvareda mediática que ha levantado el caso no arredra al tripartito de socialistas, podemitas y los nacionalistas de Mes, a pesar de que su empeño en primar la lengua sobre la competencia profesional está provocando la fuga de los profesionales lejos de las islas.

Así pasó ya el pasado mes de noviembre cuando el esperpento tomó nombres y apellidos. Ileana Antón, la única neuropediatra de la isla de Ibiza, ejercía su trabajo como interina y pretendía presentarse a las oposiciones recientemente convocadas para ganar la plaza. No pudo. Y no por ser una mala profesional, sino porque no podía acreditar el conocimiento de la lengua catalana al nivel exigido.

Antón tuvo que abandonar su puesto en el hospital de Can Misses por no poder acreditar su conocimiento del catalán de acuerdo al nuevo decreto aprobado el pasado mes de noviembre por la Mesa Sectorial de Sanidad de las Islas Baleares.

En una entrevista concedida al Periódico de Ibiza, la doctora Ileana Antón afirmaba: “Soy interina y la única neuropediatra que hay en Ibiza. Va a haber oposiciones y sin catalán no puedo presentarme al examen”.

Pero estos casos no son los únicos. Según constata en la reciente publicación de la bolsa de empleo de los técnicos de Radioterapia y los técnicos de anatomía patológica de IBSALUT, Servicio de Salud de Ibiza, la isla puede irse vaciando en breve de profesionales sanitarios.

Si los listados provisionales de Técnicos de Radioterapia muestran la citada cifra de que de 162 profesionales excluidos, 160 lo han sido por no acreditar el catalán con sólo 18 admitidos, el caso de la Anatomía Patológica no queda lejos.

Así, los listados provisionales de esa Bolsa Única de Técnicos de Anatomía Patológica presentan unos datos igualmente asombrosos: de 108 excluidos 105 lo han sido por no acreditar el catalán. Los admitidos ascienden a 59.

Una norma inconstitucional

La imposición lingüística del PSOE balear está provocando la fuga de personal sanitario competente y ha sido tachada de tener un claro tinte anticonstitucional: concretamente, choca de frente contra el artículo 14 de la Constitución Española que precisa que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Además, la adopción de esta medida que penaliza a los profesionales médicos está totalmente desacreditada por las ridículas estadísticas sobre las quejas recibidas por el desconocimiento del catalán en el sector, las cuales se resumen en un 0,07%. Sólo cinco reclamaciones de las 7.000 presentadas fueron por pacientes molestos por no haber sido atendidos en catalán.

En declaraciones a este periódico, Jorge Campos, presidente de Actúa Baleares y ex presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, exige explicaciones al Gobierno tripartito nacionalista —liderado por la socialista Armengol y constituido por el PSIB, Mes Per Mallorca y Podem Baleares—.

Además, Campos se muestra preocupado por la inacción y la irresponsabilidad del PP y de Ciudadanos al respecto. Y ha asegurado que su nueva formación sí que atenderá estas denuncias. Actúa Baleares ya ha anunciado su intención de eliminar el requisito del conocimiento de la lengua catalana para acceder a la función pública una vez llegue al Parlamento Balear.

Así, Campos deja clara su postura: “Los nacionalistas nos encontrarán en frente en cada intento de implantar estas medidas que atentan abiertamente contra la libertad». Y añade: «Derogaremos toda la legislación autonómica que impide la libertad lingüística en la Administración y en la enseñanza pública, donde implantaremos un sistema de libre elección de lengua que garantice el derecho y la igualdad de los hablantes de ambas lenguas”.