El Gobierno veta la ley de ERC que pretendía gastar 2.500 millones en usar lenguas cooficiales en toda España

El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que presentó Esquerra Republicana (ERC) para garantizar que los ciudadanos puedan utilizar las lenguas cooficiales al relacionarlas con la Administración en toda España y no sólo en las comunidades donde ya se usan. El motivo aducido es que costaría más de 2.500 millones al año contar con los traductores necesarios.

El veto del Gobierno ha pasado este martes por la Mesa del Congreso, que ha aceptado el escrito del Ejecutivo y, en consecuencia, ha bloqueando la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa.

35.000 € al año por traductor

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno parte de la base de que en la Administración los traductores tienen un salario mensual de 2.614,56 euros, lo que supone un coste anual de 35.061,94 euros. A ello añade otros 100 millones al año de costes informáticos para apoyar su tarea.

A partir de ahí, lo que debería destinar cada Ministerio para hacer efectiva esa demanda de ERC. Así, en Exteriores se necesitarían 68,16 millones para contratar en cada embajada traductores de catalán, euskera, gallego, valenciano e incluso occitano.

En la administración de Justicia, el Gobierno indica que precisaría de 737,56 millones al año para disponer de traductores en cada unidad judicial, más otros 290,17 millones para los registros civiles.

En comisarías y registro civiles

Interior añade otros 940,78 millones para servicios de traducción en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil, mientras que Fomento calcula 3,26 y 6,55 millones para ese personal extra en unidades periféricas del Ministerios, oficinas de Adif, Renfe y Puertos del Estado.

El escrito habla también de 15,78 millones para la Administración periférica del Estado dependiente de Administraciones Territoriales, y de 39,52 millones para contar con 1.127 traductores en oficinas del Ministerio de Economía.

Con todo ello, el Gobierno se niega a dar su conformidad a la tramitación de esta iniciativa legislativa, acogiéndose al artículo de la Constitución que le atribuye capacidad de veto sobre propuestas que alternar el escenario presupuestario, sea por aumento de gastos o por disminución de ingresos.