El Gobierno ve margen para pactar con Podemos nuevas subidas de impuestos

Mantener unas cuentas públicas saneadas es la mejor manera de defender el Estado de bienestar, según ha indicado este miércoles el Ministerio de Hacienda, señalando que ve margen para incrementar la aportación tributaria de grandes corporaciones y sectores que actualmente escapan de su control, aunque ha advertido de que el aumento de la recaudación debe hacerse sin perjudicar a la calase media y trabajadora.

«Hay que elevar la recaudación tributaria, pero sin perjudicar a la clase media y trabajadora», ha señalado el Ministerio de Hacienda en respuesta a las exigencias «antiausteridad» planteadas por Unidos Podemos como condición para brindar su apoyo a los objetivos de la senda de déficit.

En este sentido, Hacienda apunta que «hay margen para elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y de sectores que hoy se escapan del radar de Hacienda», añadiendo que es necesario plantear una fiscalidad del siglo XXI que haga frente a los retos de la globalización y que proteja el medio ambiente.

«Se puede elevar la recaudación sin afectar a la clase media, a las pymes o los autónomos», sostiene el Ministerio, advirtiendo, sin embargo, de que renunciar a la estabilidad presupuestaria «pondría en riesgo el Estado de bienestar».

Así, señala que los Presupuestos Generales del Estado para 2019 son una oportunidad perfecta para demostrar que es posible conjugar las políticas sociales con el crecimiento económico y la reducción del déficit público.

«Defendemos que el debate tiene que centrarse en las necesidades de los ciudadanos y que es hora de que la recuperación llegue a las familias. Allí nos podremos encontrar con Podemos», añade.

Sin embargo, el Ministerio considera que «tan dogmático» es pedir que España no se aproveche del margen de déficit como sostienen los conservadores, como condicionar el voto a presentar una propuesta que no cumpla con los compromisos europeos, advirtiendo de que «los dos caminos llevan al mismo sitio: a 5.000 millones menos para la educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones».