El Gobierno de Sánchez se desentiende de los presos políticos venezolanos: «No fiscalizamos a otros países»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 24/01/2019 19:49
  • Actualizado: 24/01/2019 19:49

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega también a condenar, incluso a admitir, la existencia de presos políticos en Venezuela. Así se reveló recientemente en una respuesta por escrito en el Senado, a una pregunta del parlamentario Jon Iñarritu (Bildu).

«No le corresponde a este Gobierno fiscalizar la aplicación que otros países hagan de sus normas», contesta a la pregunta ‘¿En opinión del Gobierno en qué Estados existen presos políticos?’.

Aunque el motivo principal del senador era interesarse por la opinión del Ejecutivo sobre la condición de «preso político» de los golpistas encarcelados por el referéndum ilegal en Cataluña -‘¿Cuáles son los delitos relacionados o las condiciones que se tienen que dar para que el Gobierno español considere que alguien es un preso político?- la parte final de la pregunta incluía una alusión expresa a otros países, buscando la valoración del Ejecutivo socialista sobre la posible existencia o no en ellos de «presos políticos».

278 presos certificados por la OEA

El Gobierno, en cambio, elude directamente en su respuesta admitir la existencia de «presos políticos» en países como Venezuela o Cuba.

Según los datos de Foro Penal -ONG dedicada al seguimiento de la población penitenciaria cuyos datos han sido certificados por la Organización de Estados Americanos (OEA)- la cifra de presos políticos en Venezuela era, a diciembre de 2018, de 278. Otras asociaciones elevan en cambio estos datos, hasta incluso el medio millar.

Mientras los líderes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, han exigían en las últimas horas que Sánchez reconozca a Guaidó, la primera reacción del Ejecutivo, este miércoles, fue pedir prudencia y solicitar un «debate urgente» a la Unión Europea. Sánchez, de visita en el Foro de Davos, no se ha pronunciado.

Sánchez se graba hablando con Guaidó

El presidente del Gobierno sí ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el presidente “encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, tras una reunión mantenida con presidentes latinoamericanos en Davos (Suiza), tal y como confirmó La Moncloa.

La posición oficial la expresó el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que apostó por «preservar la unidad de acción» de la UE porque «no se puede tomar una decisión en caliente, sin estar informados». «No vamos a hacer seguidismo de nadie», añadió.

«Pido que la UE después de declarar ilegítimo a Maduro sea capaz de reconocer capaz de reconocer la legitimidad de la Asamblea, y su operatividad, para hacerse cargo de la gobernanza del país», señaló. Según González, reconociendo a Guaidó se podrá empezar a negociar “lo que se tiene que negociar”, un calendario electoral para decidir el futuro del país ante Maduro, al que considera un “tirano arbitrario». 

«Rehén de Podemos»

Desde el PP, su líder, Pablo Casado, ha considerado que Sánchez calla para eludir su responsabilidad y le ha acusado de ser «rehén» de Podemos.

«Es de vergüenza nacional que Sánchez, que va a Davos para intentar eludir su responsabilidad en España, sea rehén de los podemitas financiados por la narcodictadura venezolana», ha señalado en sus redes sociales.

El PP ha presentado dos iniciativas parlamentarias en el Congreso y el Senado en favor del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Según los datos del Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales y de Provea, la represión a las protestas contra Nicolás Maduro han dejado ya, al menos, 16 muertos y más de 200 heridos.

Desde la UE también se han marcado distancias. En un comunicado firmado por la Alta Representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, no reconoce, por ahora, al líder opositor, aunque sí se da legitimidad a la Asamblea.

«El 23 de enero, el pueblo de Venezuela pidió masivamente democracia y la posibilidad de determinar libremente su propio destino. Estas voces no pueden ser ignoradas», se dice en la nota.

La UE pide «encarecidamente el inicio de un proceso político inmediato que conduzca a elecciones libres y creíbles, de conformidad con el orden constitucional. La UE apoya plenamente a la Asamblea Nacional como la institución elegida democráticamente cuyos poderes deben ser restaurados y respetados».

En su exposición, el Gobierno destaca que «en España no existe ninguna persona privada de libertad por sus ideas o convicciones».

A continuación, se remite a la Resolución 1900 aprobada el 3 de octubre de 2012 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre los criterios para definir un preso político: entre ellas, que la detención haya violado «la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y libertad de asociación» o «si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin relación con ningún delito».