El Gobierno se salta su veto a Israel y vuelve a contratar a la empresa israelí para gestionar bibliotecas

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha saltado su propio veto contra Israel y ha vuelto a contratar a la empresa israelí Ex Libris para la gestión de bibliotecas públicas. El Ejecutivo socialista anunció que impediría por ley contratar a compañías cuya sede estuviera en «asentamientos ilegales de territorios palestinos», algo que, según la Administración central, ocurre con esta entidad. El Ministerio de Cultura anunció que cancelaría sus contratos con la citada firma. Pero ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dependiente de la cartera de Economía, ha vuelto a contratarla para implementarla en sus bibliotecas en los próximos meses.

La CNMC, integrada dentro del Ministerio de Carlos Cuerpo, ha formalizado un contrato para la «contratación de un servicio de asistencia técnica para la migración de los datos digitales de la Biblioteca y centro de Documentación de la CNMC a la plataforma PRIMO-ALMA». Este es un software desarrollado por la empresa israelí Ex Libris, la entidad adjudicataria de esta licitación.

La compañía realizará durante los próximos seis meses el trabajo de la migración de los datos que actualmente se alojan en otra plataforma. El trabajo actual tendrá un coste de 45.121,92 euros. Sin embargo, la relación comercial no se quedará ahí ya que, posteriormente, tendrá que continuar distribuyendo las licencias y el mantenimiento del software a la CNMC.

Sumar: «Sede en territorios ocupados»

La Biblioteca Nacional, dependiente de Cultura, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), integrado en Ciencia y Universidades, vienen utilizando esta plataforma para la gestión del catálogo de sus libros. Desde que se publicó el real decreto para prohibir la importación de productos «provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania» para «combatir estas ocupaciones», el ministerio de Ernest Urtasun anunció que licitaría un nuevo contrato para contratar otro software.

Y es que, desde Sumar, señalaron a Ex Libris como una de las empresas que se verían directamente afectadas por el veto del Gobierno. Según el partido magenta, la sede de la compañía israelí estaba en Jerusalén, concretamente en el Malha Technology Park, donde la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, alega que se produjo la limpieza étnica de poblaciones palestinas. Por tanto, este lugar lo definen como un «territorio Palestino Ocupado», con base en una resolución de la Corte Internacional de Justicia.

Sin embargo, ahora la cartera de Economía decide no prestar atención a ese criterio que afectó a la contratación del Ministerio de Cultura para contratar a la empresa israelí. Lo hace alegando que «el servicio asociado al mismo solo puede ser encomendado a un empresario determinado, por ser la empresa autora, propietaria de pleno dominio y titular de todos los derechos de uso y explotación de una serie de programas informáticos y software».

«Una herramienta esencial»

La empresa fue ampliamente alabada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En 2023, el organismo dependiente de Ciencia y Universidades aseguró que este software había sido «una herramienta esencial para el acceso a recursos bibliográficos y científicos para nuestra comunidad investigadora y para la investigación en general».

A su vez, el CSIC elogió este sistema por haber «evolucionado y mejorado en los últimos años para adaptarse a las necesidades cambiantes de la investigación y la gestión de bibliotecas». «Ha contribuido significativamente a la promoción del acceso abierto a la información científica», subrayaban.