El Gobierno otorgará la «presunción de minoría de edad» a los inmigrantes ilegales que digan que tienen menos de 18 años

El Gobierno de Pedro Sánchez ha redactado un anteproyecto de Ley de Asilo que incluirá la «presunción de minoría de edad» para los inmigrantes ilegales que entren en España y aseguren tener menos de 18 años. Se trata de una nueva «garantía», según el Ejecutivo, que hasta ahora no estaba incluida en la normativa. De hecho, la legislación aún vigente exige poner «en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal» a los inmigrantes cuya «minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad».

El Ejecutivo ha aprobado la medida este martes en el Consejo de Ministros en primera vuelta, es decir, un primer borrador para que den su opinión todos los ministerios afectados, así como asociaciones o ciudadanos. Lo ha hecho junto a la reforma del Reglamento de Extranjería.

Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ambas reformas tenían enfoques «garantistas del respeto a los derechos humanos de las personas migrantes». Una posición que, según el también juez de profesión, les llevó «a rechazar el Reglamento de Retorno a Terceros Países». Sin embargo, ha insistido en que la normativa «conjuga la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad de nuestro país».

Para reforzar el enfoque que el Gobierno pretende aplicar en materia migratoria, la nueva Ley de Asilo incluye «garantías y previsiones respecto de los menores desamparados», según reza la referencia del Consejo de Ministros de este martes. Entre ellas están «la regulación de la figura del representante de los que soliciten protección internacional» y «clarifica» aspectos como la tutela o la búsqueda de familiares.

Otro de los puntos que incluirá la nueva normativa es la «presunción de minoría de edad», es decir, que se les atribuirá la minoría de edad de forma preventiva a quienes puedan tener menos de 18 años. Esa presunción se mantendrá «mientras se realiza la evaluación». Es decir, hasta que termine el proceso en el que se verifique la edad de los inmigrantes.

Hasta ahora, la norma vigente «reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria» recoge cuáles son los procedimientos «en los supuestos en los que la minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad».

Esta ley obliga a las autoridades a poner «el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal» y establecer las medidas necesarias «para la determinación de la edad del presunto menor». Para ello, incluso se pide solicitar a las instituciones sanitarias «con carácter prioritario y urgente» la realización de las «pruebas científicas necesarias».

Nuevo Pacto Europeo de Migración

La Unión Europea aprobó un nuevo Pacto Europeo de Migración para la creación de «unas fronteras exteriores seguras». Para ello, Bruselas exige a los inmigrantes irregulares la inscripción en un registro obligatorio y el paso de «minuciosos controles de seguridad».

Además, establece la puesta en marcha de «retornos ágiles» y el refuerzo de las zonas fronterizas con «procedimientos fronterizos acelerados» para los que no necesiten protección, los que supongan un riesgo para la seguridad o quienes intenten engañar a las autoridades.

La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, impone «plazos más cortos para los procedimientos de asilo» para frenar «las solicitudes abusivas o posteriores» y evitar «los desplazamientos secundarios».

Por otro lado, Bruselas también exige unas «salvaguardias rigurosas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, que incluyen un mecanismo de supervisión independiente aplicable durante el triaje y los procedimientos fronterizos de asilo».

A su vez, el Parlamento Europeo aprobó un nuevo sistema para el retorno de inmigrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea que permite la expulsión de los extranjeros irregulares fuera del territorio comunitario. Concretamente, a «centros de retorno» ubicados en terceros países. A ellos podrán ser enviados inmigrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada y que permanezcan a la espera de ser retornados a su país de origen o de tránsito.

Sin embargo, esta medida, aunque la aprobó el legislativo europeo, aún tiene que pasar por el Consejo Europeo, es decir, el organismo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los diferentes Estados miembros.