El Gobierno justifica la caza de brujas a guardias civiles críticos con la amnistía: «Son partidistas»

Cuando el pasado mes de noviembre el PSOE encaraba la recta final de negociaciones con partidos separatistas para investir a Pedro Sánchez como presidente, con la Ley de Amnistía ya sobre la mesa, fueron muchos los colectivos profesionales que elevaron sus críticas a la medida. Y entre ellos estaba la Guardia Civil, cuyas asociaciones se posicionaron frontalmente en contra de la amnistía e incluso recordaron su juramento de defender la Constitución ante cualquier amenaza. Las críticas provocaron una serie de castigos ejemplarizantes a quienes se posicionaron, con expedientes y suspensiones de empleo y sueldo. Ahora, el Gobierno justifica aquella caza de brujas en el Cuerpo asegurando que aquellas críticas fueron «de corte político y partidista».

«Derramar nuestra sangre en defensa de la Constitución». La frase, que se inspira en el juramento de lealtad que asumen los guardias civiles cuando se licencian en sus academias -«si preciso fuere, entregar vuestra vida en defensa de España»-, fue una de las que puso en pie de guerra al Gobierno de Pedro Sánchez. Provenía de un comunicado emitido por la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Aprogc) crítico con la Ley de Amnistía otorgada por Sánchez al separatismo a cambio de sus 7 votos en la investidura.

Aquella situación derivó en 3 sanciones a agentes, dirigentes de diversas plataformas de la Guardia Civil. Agustín Leal, de Jucil, y el presidente y vicepresidente de Aprogc fueron suspendidos de empleo y sueldo. El PP ha preguntado por ello en el Congreso: ¿Un guardia civil no debe defender siempre la aplicación de la Constitución? ¿Cuáles son los límites?, cuestionaba la oposición en una pregunta escrita que también sondeaba acerca de si los agentes tienen vetada la crítica al poder Ejecutivo.

Neutralidad y «partidismo»

Ya hay respuesta del Gobierno para justificar los castigos en la Guardia Civil por criticar la amnistía: «En el cumplimiento de sus funciones, los guardias civiles deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical».

Por ello, entiende el Ejecutivo, los guardias civiles están obligados a ser «plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista». Y las críticas a la Amnistía, con todas las implicaciones que tiene la Ley sobre la vigencia de la Carta Magna, son para el Gobierno «partidistas», asumiendo que la defensa de la Constitución les posiciona en un determinado bloque político.

Incide el Gobierno, además, en el carácter militar de la Guardia Civil: «Todos sus miembros poseen un régimen estatutario que aúna a su condición de fuerza policial el carácter militar, dada la naturaleza castrense del Cuerpo al que pertenecen. Se asume así, desde el momento de su ingreso, el régimen específico de disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidos en la Constitución».

Tomar medidas

Aquellas declaraciones de noviembre pusieron en pie de guerra al Consejo de Ministros, donde el pasado mes de noviembre salió el tema a relucir en una de sus reuniones, según confirmaron fuentes políticas a OKDIARIO. Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se le cuestionó desde el sector de Sumar si su gabinete iba a tomar medidas.

Según explicaban las mismas fuentes, Moncloa se involucró junto a Marlaska en este asunto. La voluntad de ambos, explican, era llevar este asunto hasta límites nunca antes alcanzados. A los que permita la normativa y la situación, incluso «a ilegalizar una asociación alegando que rompe el principio de neutralidad política» al posicionarse contra el Ejecutivo de Sánchez. Se buscaba, en definitiva, dar un «mensaje a navegantes».

Moncloa exigió represalias

El Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como informó OKDIARIO el pasado mes de noviembre, inició la búsqueda de vías para ir un paso más allá en su enfrentamiento con las asociaciones profesionales de Policía y Guardia Civil. Muchas de estas plataformas han ido mostrando en el último mes y medio sus duras críticas hacia lo que supone la concesión de la Ley de Amnistía, que perdona al separatismo los delitos que los agentes de ambos cuerpos llevan diez años persiguiendo.

Por esas críticas, que ya se han traducido en sanciones de empleo y sueldo y amenazas de expulsión del Cuerpo, el Ejecutivo encargó a Interior que estudiase vías para un «castigo ejemplarizante» contra las asociaciones que se manifiesten contra una decisión del Gobierno. Incluso ilegalizándolas si fuese posible y se diese el caso.