El Gobierno invierte 73.500 € para impulsar un lobby de memoria en Argentina que promueve la Ley de Nietos

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política y parlamentaria
• • 07/09/2026 05:44
  • Actualizado: 07/09/2026 05:44

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha destinado 73.500 euros a impulsar un lobby de memoria histórica en Rosario (Argentina) que promueve la Ley de Nietos, según la documentación oficial a la que ha accedido OKDIARIO.

En concreto, esta ayuda dineraria fue concedida el pasado mayo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares, a la Asociación Civil por los Derechos Culturales de Rosario para financiar el proyecto denominado «Creación de la Red de Memoria Democrática de Rosario y del programa de difusión de sus acervos documentales en Rosario (Argentina)».

Según la resolución de concesión, «el plazo previsto para la ejecución de la intervención subvencionada es de 24 meses y comienza a contarse desde la recepción de los fondos».

Asimismo, dicha resolución de la AECID detalla que uno de los principales objetivos del proyecto es la «creación e institucionalización de la Red de Memoria Histórica de Rosario a partir de la alianza del Museo de la Memoria, el Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc y el Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España».

Las otras dos finalidades de este programa son «asegurar la difusión y acceso a los acervos documentales digitalizados mediante plataformas tecnológicas, muestras itinerantes, charlas y podcasts que promuevan una cultura democrática, tolerante y participativa», y «establecer el protocolo para su replicabilidad en otras provincias o ciudades de Argentina», recoge la documentación oficial.

Aunque tales museos están centrados en la historia local, como es el caso de la «última dictadura militar argentina», el Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España (CEHIPE), que también forma parte de este lobby de la memoria a uno y otro lado del Atlántico, es una entidad que actualmente hace apología de la polémica Ley de Nietos.

Por ejemplo, el pasado 25 de agosto, el CEHIPE organizó junto al Centro Cultura Parque España y la propia AECID en Rosario (Argentina) una jornada denominada «Migraciones. Historiografía, fuentes y perspectivas», que hizo de altavoz de las nacionalizaciones exprés que se están acometiendo a través de la Ley de Nietos.

Esta normativa, como se conoce popularmente a la controvertida Ley de Memoria Democrática de 2022, está dando la nacionalidad española, y por tanto, derecho a voto en las próximas elecciones a nietos y bisnietos de emigrantes que dejaron España mucho antes de la Guerra Civil española. Es decir, que ni siquiera fueron exiliados, sino que abandonaron el país a finales del siglo XIX y principios del XX por razones fundamentalmente económicas.

El Partido Popular, a través de su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha realizado el trámite de reclamar la nulidad de oficio de la instrucción del Ministerio de Justicia que regula y amplía la concesión de nacionalidades mediante la Ley de Nietos. 

Además, el propio presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, avanzó en julio que su formación está trabajando en una reforma del Código Civil para «ordenar» la nacionalidad de los españoles. «El pasaporte hay que merecerlo. No se regala la nacionalidad española, como no la regala ningún país serio y responsable», enfatizó.

Vista en el Supremo

Entretanto, el Tribunal Supremo celebra este lunes una vista oral y pública para analizar las medidas solicitadas por Iustitia Europa y Vox, que pidieron la suspensión cautelar de las altas vinculadas a la Ley de Nietos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por sus efectos electorales.

A esta vista están citadas las partes personadas en el procedimiento. En su caso, Iustitia Europa interpuso un recurso contra una resolución de la Junta Electoral Central, que, si bien rechazó la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del CERA, acordó solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la Ley de Nietos.

Posteriormente, el Supremo dictó la apertura de una pieza separada de medidas cautelares para estudiar la suspensión solicitada, así como solicitar a la JEC que remitiera el expediente administrativo correspondiente.

En su resolución, la Junta Electoral avisó de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de la Ley de Nietos deberá estar «suficientemente motivada si no se corresponde con su último domicilio en España», recogió Ep.

Por su parte, Iustitia Europa argumentó que «no consta publicada» la cifra exacta de altas incorporadas al CERA por esta vía. Además, esta organización  denunció que tampoco existe «información pública suficiente sobre su distribución provincial, la vía concreta de adquisición de la nacionalidad, la oficina consular de origen o la trazabilidad documental de cada incorporación censal».