El Gobierno dice que aún no ve motivos para suspender la autonomía de Cataluña

A pesar de que el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha negado a jurar lealtad al Rey y a la Constitución, y ha reafirmado su voluntad de poner en marcha el proceso de independencia de Cataluña en un plazo de 18 meses…

A pesar de que los dos grupos que suman mayoría en el Parlament (Junts pel Sí y la CUP) se han declarado en rebeldía y han anunciado que desobedecerán las leyes y las resoluciones de los tribunales españoles… el Gobierno de Mariano Rajoy cree que aún no ha llegado el momento de suspender la Autonomía de Cataluña.

Así lo ha comunicado oficialmente el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro, al sindicato Manos Limpias. Durante los últimos meses, la asociación que preside Miguel Bernard ha pedido en hasta 14 ocasiones al Gobierno que aplique en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, que permite al Ejecutivo suspender determinadas competencias de una Comunidad autónoma cuando se produce una violación flagrante de la legalidad que «atente gravemente contra el interés general de España».

En su última respuesta, el Ministerio de Economía señala que se trata de un mecanismo «excepcional», que no se ha llegado a aplicar nunca en casi cuatro décadas de democracia, y añade que a día de hoy «no concurren» las circunstancias de extrema «gravedad» que harían precisa su puesta en marcha.

El Gobierno recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha anulado, a instancias de la Abogacía del Estado, la resolución del Parlament en la que Junts pel Sí y la CUP anunciaban la puesta en marcha del proceso de independencia.

No hay legalidad fuera de la Constitución

En su sentencia dictada el pasado 2 de diciembre, el alto Tribunal reafirma «la indisolubilidad de la unidad territorial y la residencia de la soberanía nacional en el pueblo español en su conjunto».

El TC añade que el Parlament no puede «erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad», ya que «la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico».

La estrategia seguida hasta ahora por el Gobierno de Rajoy consiste en impugnar ante los tribunales, una por una, todas las resoluciones adoptadas por el Parlament o la Generalitat que vulneren la Constitución.

El Ejecutivo prefiere reservar la aplicación del artículo 155, que prevé suspender una Comunidad autónoma, como la última medida en caso de que la Generalitat dé pasos irreversibles hacia la ruptura de España.