El gobierno de Cifuentes «entiende perfectamente» la salida de las empresas de Cataluña
La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha afirmado este viernes que entiende «perfectamente» la salida de empresas de Cataluña y ha defendido el decreto que va a aprobar el Ejecutivo central para facilitar la salida de compañías, porque las empresas necesitan «libertad».
En declaraciones a los medios tras conocerse la salida del Banco Sabadell y de varias empresas de Cataluña tras el 1-O y de la intención de llevar a cabo una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), la consejera del gobierno de Cristina Cifuentes ha afirmado que «la confianza es un elemento clave en la economía», y a día de hoy, «no hay nada que pueda subsistir si no hay detrás una responsabilidad y confianza de las personas».
«Entiendo perfectamente que si en un día se pierden en bolsa 3.000 millones de euros las empresas, por los ahorradores y depósitos que tienen los bancos, tengan que tomar decisiones. Claro que lo entiendo, pero eso no quiere decir que no me produzca la situación la misma inquietud que creo que nos da a todos», ha señalado.
La consejera de Hacienda ha afirmado que siente «tristeza» ante la situación porque ella es extremeña y siente «exactamente igual» de suyos la Gran Vía, Las Ramblas y el Paseo de San Juan de Badajoz.
Además, ha indicado que «no puede entender el concepto de España sin Cataluña» y ha considerado que «no hay derecho a que la irresponsabilidad de una serie de personas que están actuando al margen de la Constitución y del marco legal esté haciendo tanto daño a muchos de los habitantes que están en Cataluña» y que está convencida de que «están en contra de esta teoría».
Hidalgo ha afirmado que le encanta que a Madrid vengan empresas. «Trabajamos constantemente por ello, pero no me alegra especialmente que vengan empresas por la situación que está pasando en Cataluña y quiero competir con Cataluña en igualdad de condiciones y que Cataluña siga formando parte de España», ha remarcado.
Preguntada por el decreto que va a aprobar el Gobierno central para facilitar a las empresas su salida de Cataluña, ha afirmado que «una de las cosas más importantes que tienen que tener las empresas es libertad y en base a las condiciones que se den en cada sitio poder tomar las decisiones que sean más pertinentes para garantizar la subsistencia, el crecimiento y la mejora de esa empresa».
«El hecho de que diga que a mí la situación no me parece nada confortable y me entristece no quiere decir que las empresas no tengan absoluta libertad para hacer lo que quieran», ha apuntado.
En el marco de la situación que se vive en Cataluña, ha afirmado sentir «preocupación» porque en este país se ha superado la crisis más importante que se ha vivido en democracia, se ha «dado la vuelta» a la situación, el país está «en ese punto de lanzadera donde las oportunidades se estaban generando» y ahora se va a poner «en riesgo por la inestabilidad» generada por la «irresponsabilidad de unos señores que no tenían los pies en la realidad que han actuado al margen de la Constitución y de la ley».
Lo último en España
-
Absueltos de okupar una vivienda en Sevilla porque los policías que actuaron no fueron citados al juicio
-
Vox propone a Ayuso crear un registro de okupas y un servicio externo para desalojos express
-
Los Reyes presidirán el funeral por los fallecidos por la DANA en la Catedral de Valencia
-
Los Reyes asistirán este lunes al funeral por las víctimas de la DANA en la Catedral de Valencia
-
La Policía detiene en Cádiz al peligroso secuestrador de Montecanal, recién salido de la cárcel
Últimas noticias
-
Absueltos de okupar una vivienda en Sevilla porque los policías que actuaron no fueron citados al juicio
-
Donald Trump nombra a Paul Atkins como próximo presidente del regulador de EEUU
-
La denuncia de Aída Nízar contra Errejón ya tiene juzgado: investiga el número 11 de Barcelona
-
Cesado un directivo que amenazó presuntamente a sus futbolistas con una pistola
-
Ábalos firmó en este documento con Aldama una comisión de 1,9 millones a cambio de contratos públicos