La Generalitat multiplicó por 10 sus fondos ‘ocultos’ desde que comenzó el procés

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 07/05/2018 02:41
  • Actualizado: 07/05/2018 02:47

La Generalitat independentista multiplicó por diez el dinero destinado a ‘fondos de contingencia’, la partida presupuestaria de la que el Govern puede disponer con libertad y sin justificar su finalidad. 

Se trata de una partida controvertida, que en su día ya provocó las suspicacias por el elevado montante que le asignó Carles Puigdemont: el ex president dispuso hasta 330 millones de euros en las cuentas de 2017, cuyo uso no tendría que ser revelado. Eso hizo sospechar de que podría tratarse de dinero oculto para el referéndum ilegal o la creación de estructuras de Estado.

Lo sorprendente es, además, la evolución que esa partida ha seguido en los últimos años. Y más en concreto, desde 2012, año en que se fija el inicio del ‘procés’. En los presupuestos de 2011, los primeros que aprobó Artur Mas, la asiganación era de 39 millones de euros. Nada comparable con los 250 millones que se le reservó apenas un año después. En 2015, los independentistas inyectaron 200 millones a la libre disposición.

Estos fondos tienen más facilidades para burlar el control porque su uso es discrecional por parte de los distintos departamentos, que pueden disponer de ellos según las necesidades que consideren en cada momento, y sin dar explicaciones. Generalmente, la partida se reserva en previsión de posibles pagos por desastres naturales u otros imprevistos, aunque su destino no se especifica.

Desde la Generalitat siempre se rechazaron las acusaciones sobre una posible utilización con fines ilegales. En la presentación de las cuentas de 2017, el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, justificó que con ella se pretendía hacer frente al abono de manera retroactiva de la subida salarial a los funcionarios.

«Suponiendo que hubiera una partida oculta, ¿alguien cree que la diría aquí? Si estuviese, es evidente que no tendría sentido que se ocultasen para decir después que están ocultas», ironizó en otra ocasión el entonces vicepresidente, Oriol Junqueras.

En la presentación de las últimas cuentas, Junqueras afirmó que haría «todo lo que pueda y más» para garantizar la celebración de un referéndum de independencia. Los presupuestos incluyeron tres partidas-una de ellas superior a 5 millones de euros-asignadas a la organización de procesos electorales, que fueron declaradas inconstitucionales. Las cuentas incluían además una disposición adicional que establecía que la Generalitat garantizaría los fondos necesarios para el referéndum, también anulada.

El alto tribunal advirtió a los dirigentes golpistas de su deber de abstenerse «de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido el Fondo de Contingencia con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum».

No obstante, las partidas relacionadas con la ruptura no se limitaron a las rechazadas por el alto tribunal. La consejería de Exteriores, en manos de Raül Romeva, se guardaba 21 millones de euros la “declaración de independencia de Cataluña y a la creación de unas estructuras de Estado”, como se exponía abiertamente en el mismo proyecto presupuestario, que habría de ser revisado por el ministerio de Hacienda para la concesión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Se trata de la única alusión directa a los planes golpistas, en la que se manifestaba que «la actual legislatura tiene como objetivo establecer las bases que hagan posible la declaración de la independencia de Cataluña, a partir de la creación de unas estructuras de Estado y de impulso de un proceso de desconexión nacional y popular con el Estado español».

Este domingo se ha conocido además que la Generalitat destinó más de 236.000 euros a pagar seminarios de extranjeros y proyectos en favor del ‘procés’, según se deduce de la documentación que Hacienda ha requerido a la interventora de la Generalitat.