Gabriel Castellano: «Todos coincidimos en que no es bueno que haya tanta reforma educativa»
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La pandemia obligó durante 2020 a cerrar los centros educativos. Una vez abiertos y retomada las clases presenciales, la educación se ha visto limitada en aforo, con profesores y niños con mascarillas que complicaban la comunicación.
Gabriel Castellano, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados independientes (CICAE) reconoce que han tenido que utilizar otra manera de enseñar. Profesores y colegios han hecho seminarios para ayudarse entre ellos; pero, aun así ha sido muy duro, sobre todo para los más pequeños que no entienden que no se puedan abrazar.
Los niños han sufrido más ansiedad porque la había en las familias.En cuanto a las numerosas reformas educativas, Gabriel Castellano reconoce que todos coinciden en que no es bueno que haya tanta reforma educativa. Asegura que algo sobre lo que sí que debería hacerse algún cambio son los contenidos, los CV y la formación del profesorado, que llevan treinta años sin variar. Pero, independientemente de la pandemia, la educación continúa siendo objeto de complejos debates cómo el sentido de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) o también conocida como ley Celaá, aprobada en noviembre de 2020.
Entre sus numerosas críticas, está la de la Comunidad de Madrid. Este pasado miércoles, su Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa con la que se busca garantizar la subsistencia de la concertada, la libertad de elección de los padres y proteger la educación especial que, a juicio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quedan malparadas con la LOMLOE.
Según Isabel Díaz Ayuso, la LOMLOE “supone un recorte de la libertad de elección de las familias a la hora de decidir centro y tipo de educación para los alumnos. Por eso, y con respeto absoluto a nuestra normativa constitucional y a la nueva Ley Orgánica de Educación, planteamos una ley autonómica que defienda la libertad». En concreto, propone una ley que garantice la Libertad de elección de las familias y el distrito único, el criterio de la demanda social, la excelencia académica, los concursos públicos para centros concertados, la educación diferenciada, y por supuesto, la educación especial.
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