Los funcionarios de justicia salen a la calle contra Llop: «Le importan muy poco los trabajadores»

Los funcionarios de la Administración de Justicia están en huelga. Estos trabajadores han visto como en los últimos meses han ido asumiendo funciones delegadas de jueces o letrados mientras sus salarios han permanecido congelados. Asimismo, la ley que prepara el ministerio de Justicia liderado por Pilar Llop conocida como Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) pretende reducir los juzgados e imponer la movilidad forzosa. «A este Gobierno le importan muy poco los trabajadores y la ciudadanía», ha lamentado Javier Jordán, presidente de la sección sindical de Justicia de CSIF, uno de los sindicatos convocantes.

Los funcionarios de justicia han salido a la calle para protestar contra este texto legislativo que no ha sido negociado y pedir unas retribuciones dignas acordes a las funciones que realizan. Tras más de un mes de movilizaciones, los funcionarios continúan la lucha por sus derechos laborales. Convocados por las organizaciones sindicales CSIF, STAJ, UGT y CCOO, más de un millar de trabajadores de este gremio se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para reclamar una delimitación de sus funciones así como unas retribuciones acordes a las mismas.

Con pancartas y haciendo sonar silbatos y bocinas, los funcionarios han pedido una negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que afecta a su trabajo y que tratan de imponer desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez sin sentarse con los trabajadores. «El Gobierno ha remitido esta ley al Parlamento sin negociar con nosotros, nos la quieren imponer cuando va a paralizar aún más la justicia» explica el vicesecretario general de STAJ, José Luis Fernández, en una entrevista con OKDIARIO. Y no le falta razón puesto que el texto legislativo pretende reducir los juzgados pasando de los 4.000 actuales a tan sólo 400. Asimismo, esta ley impone la movilidad forzosa de los funcionarios de la Administración de Justicia. «Sin contar con nosotros, la ley plantea una reforma en la que la movilidad voluntaria se ve completamente eliminada», denuncia el presidente de la sección sindical de Justicia de CSIF, Javier Jordán.

Con tal de mitigar estos efectos negativos de la ley, los funcionarios han pedido sentarse a negociar con el Gobierno tal y como ha ocurrido con otros cuerpos de la función pública que trabajan en la Administración de Justicia. «Exigimos a la ministra de injusticia que se deje de ferias y se siente a negociar con nosotros», explica Beatriz, funcionaria del gremio en una entrevista con OKDIARIO.

Durante la concentración, los funcionarios han sido críticos con la gestión del Gobierno. Cánticos de «¡Gobierno progresista, justicia clasista!» se han coreado durante la concentración. Algunos manifestantes también han acudido a la concentración con flores flamencas en alusión a la fiesta de la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la feria de abril mientras los funcionarios dependientes de su cartera están en huelga. Los manifestantes también aseguran sentirse abandonados por Pedro Sánchez al cual le han remitido una carta para que medie en el conflicto. En la misma senda, los representantes sindicales coinciden en que el Ejecutivo sanchista no está mirando por los trabajadores a pesar de calificarse como un Gobierno progresista.

Funciones

Es importante reseñar que a día de hoy, los funcionarios de justicia son los que más funciones realizan en un procedimiento judicial llegando incluso a realizar aquellas que son competencias de otros cuerpos. Los manifestantes aseguran que están realizando funciones que no les competen soportando hasta el 90% del trabajo de un juzgado. De forma delegada, los funcionarios están asumiendo ciertas competencias que no les corresponden.

Mientras letrados y jueces han conseguido mejorar sus condiciones salariales, los funcionarios que asumen parte de sus funciones han visto sus nóminas congeladas a pesar de asumir la mayor carga de trabajo en un proceso judicial. De este modo, los trabajadores de la función pública piden que exista una clarificación y delimitación de sus funciones y que les remunere de acorde a las mismas. «Es de justicia», aseguran los profesionales que se han convocado a las puertas de la Cámara Baja para denunciar el deplorable estado en el que se encuentra la justicia en España.