La Fiscalía pide aumentar la pena de Urdangarin a 10 años por ser el «motor» delictivo en Nóos

La Fiscalía ha pedido aumentar la condena de Iñaki Urdangarin a 10 años por ser el «motor» de la actividad delictiva en el Instituto Nóos junto a su exsocio Diego Torres. El exduque de Palma fue condenado a 6 años y 3 meses por la Audiencia Provincial de Baleares por delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y 2 delitos fiscales.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, preside el tribunal encargado de revisar el fallo de Nóos, mientras la responsabilidad de redactar la última sentencia sobre la causa recaerá en el magistrado ponente Antonio del Moral. El tribunal también está integrado por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero.

La fiscal María Ángeles Garrido iniciaba la vista pública sobre la causa en la Sala Segunda del Tribunal Supremo pidiendo el aumento de las penas por los delitos por los que fue condenado Urdangarin.

La representante del Ministerio Público ha defendido la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas también para el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, condenado a 8 años y 6 meses para el expresidente Balear, Jaume Matas, condenado a 3 años y 8 meses, por los delitos de malversación de caudales públicos, al tratarse de un «delito bilateral» en el que es necesario el concurso de todas las partes.

«En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad», ha señalado la fiscal Garrido para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación.

La pena impuesta a Urdangarin fue bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.

Tras el Ministerio Público ha defendido su recurso la Abogacía del Estado y el sindicato Manos Limpias, que consiguió sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina, y que ha pedido no pagar las costas del juicio.

Por su parte, la Abogacía de las Islas Baleares representada por Ángeles Berrocal ha solicitado que se reintegren los 2,6 millones de euros expoliados a Baleares a través del Instituto Nóos, porque «ningún euro procedente de fondos públicos puede quedar sin justificación». «No hay un solo papel justificativo de los contratos adjudicados por Jaume Matas a Urdangarin. Por eso, pedimos subir la pena y que se revise la ilicitud de los contratos» añadía.

El letrado Miguel Ángel Cervera de la Abogacía Generalitat Valenciana ha reclamado la responsabilidad civil derivada del caso.