La Fiscalía no cierra la puerta a terminar pidiendo la imputación del PSOE por la guerra sucia para salvar a Sánchez

La Fiscalía Provincial de Madrid ha esquivado pronunciarse sobre si procede imputar el PSOE en la causa que investiga las presuntas maniobras del entorno del Gobierno para presionar a jueces, fiscales y miembros de la UCO. En un escrito fechado el 3 de junio de 2026 que desvela OKDIARIO, el Ministerio Fiscal ha concluido que «no procede en el estado actual del procedimiento hacer ningún pronunciamiento al respecto». La misma respuesta ha dado a la petición del investigado Pere Rusiñol, el periodista que presuntamente ofreció un soborno al fiscal José Grinda, de que se archive la causa contra él.

En ese mismo paquete de escritos, la Fiscalía ha solicitado al juzgado que prorrogue la instrucción por un periodo de seis meses prorrogables, alegando que quedan diligencias esenciales por practicar antes de que pueda cerrarse la fase de investigación.

Ambos escritos han sido firmados por la fiscal Rosa Calvo, de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, y han quedado incorporados a los autos mediante una providencia dictada el 10 de junio de 2026 por el magistrado Arturo Zamarriego, titular de la Plaza nº 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

El procedimiento es el que, desde Plaza Castilla –no desde la Audiencia Nacional–, investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias y en las que figuran como investigados, entre otros, el abogado Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset, la ex socialista Leire Díez Castro y el periodista Pere Rusiñol.

Caso cloacas: prórroga

La Fiscalía ha argumentado ante el juzgado que, «atendido el estado del procedimiento, no siendo previsible su pronta finalización», resulta necesario que antes del 24 de junio de 2026 se dicte, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un auto que acuerde prorrogar la instrucción seis meses, con posibilidad de nuevas prórrogas.

Las razones son concretas. Están pendientes, según el escrito fiscal, «diligencias esenciales tales como la audición y, en su caso, transcripción de las grabaciones aportadas por [el fiscal Ignacio] Stampa», así como «determinada documental respecto a la investigada, Leire Díez, de las que puedan derivarse la necesidad de acordar otras». La Fiscalía concluye que «es preciso acordar la prórroga hasta la completa instrucción de la causa».

En el segundo escrito, la Fiscalía aborda dos peticiones que le habían sido trasladadas por el juzgado. La primera, de la asociación HazteOor, que había solicitado ampliar la querella contra el PSOE aportando «unas informaciones periodísticas al respecto». La segunda, del investigado Pere Rusiñol, que había pedido el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto a su persona.

La respuesta del fiscal a ambas ha sido idéntica y formulada en los mismos términos: «No procede en el estado actual del procedimiento hacer ningún pronunciamiento al respecto». Una posición de aplazamiento que no prejuzga el fondo pero que deja a todas las partes sin la resolución que esperaban.

El magistrado Zamarriego ha señalado que el Ministerio Fiscal lleva sin responder desde enero de 2026 sobre la consulta que se le trasladó respecto a la solicitud de práctica de nuevas diligencias presentada por HazteOir el 30 de marzo pasado, así como en relación con el recurso de apelación interpuesto por la representación del juez jubilado Manuel García Castellón contra un auto de 26 de enero de 2026. Por ello, el juez le ha conferido «por tercera vez traslado de las actuaciones».

Nuevas querellas

La causa se ha visto engrosada además por una nueva inhibición: el juzgado número 13 de la misma Sección de Instrucción ha remitido el procedimiento abierto a raíz de una querella de Vox contra los ya investigados en esta causa, así como contra el empresario Alejandro Haymlyn y Jacobo Teijelo. El juez ha conferido traslado al fiscal para que se pronuncie sobre su admisión.

Contra esta providencia judicial cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación. Mientras el reloj procesal corre, el juzgado acumula traslados sin respuesta, querellas que llegan por inhibición y grabaciones que aún nadie ha transcrito. El caso Leire podría tener seis meses más de vida garantizada en Plaza Castilla o dar el salto a la Audiencia Nacional como quiere el juez Santiago Pedraz pero Zamarriego por ahora no ha aprobado.