Fiscalía confirma la rebelión del 1-O y asegura en el Supremo que los golpistas «alentaron actos violentos»

El fiscal de Sala Jaime Moreno, que representa a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha defendido sin ambages la competencia del alto tribunal para juzgar a los líderes del ‘procés’ catalán. En una intervención contundente en la que ha vuelto a reafirmarse en la rebelión durante las cuestiones previas del juicio del 1-O, que arranca el próximo mes de enero, Moreno insiste en cómo el desafío independentista -que concluyó con la declaración unilateral de la independencia de Cataluña- fue promovido por los acusados que «alentaron actos violentos».

La Fiscalía entiende que existió un ataque al orden constitucional que trató de «derogar» la Constitución en sí misma por lo que entiende que tanto el Estado de Derecho como el Tribunal Constitucional eran objetivo de los separatistas. Destacando que ante semejante «atentado» el Estado hizo intervenir a dos de los poderes que deben defenderlo, en referencia al legislativo y el Ejecutivo, que aplicaron de manera conjunta el artículo 155.

Moreno sostiene que la clave estuvo en dicha respuesta del Estado ante esa rebelión, que requería para su puesta en marcha como condiciones el «incumplimiento de las obligaciones de Cataluña» y que fuera «un atentado grave al interés general de España». Algo que «rebasa la competencia de la comunidad autónoma», apuntó, por lo que «no podemos decir que quede circunscrita al territorio sino que proyecta el resultado en todo el territorio nacional», ha añadido para defender la competencia del Tribunal Supremo en el enjuiciamiento de la causa.

El Tribunal Constitucional avala la competencia del Tribunal Supremo como más alta instancia judicial para compensar el aforamiento

De igual forma, ha rebatido la tesis de las defensas de que en el extranjero solo se produjeron «hechos aislados» sin relación con los delitos cuando la hoja de ruta del ‘procés’ decía que «era absolutamente necesario internacionalizar el conflicto». Y ha insistido en que todas las delegaciones de Cataluña en el extranjero establecieron un sistema para recabar y custodiar el voto «para un acto que cuando se celebró ya había sido declarado inconstitucional».

Para el fiscal, ninguno de los actos ejecutados son aislados del conjunto sino que formaron parte de «una estrategia» y «deben de ser considerados en su conjunto porque todos ellos responden a una misma finalidad», ya que sin esos actos no hubiera sido posible llevar a cabo la rebelión. Por lo que quien debe conocer de la causa es el Tribunal Supremo.