Los fiscales estallan tras la exclusiva de OKDIARIO: «Las dos reuniones con Leire Díaz incumplen el código ético»

La confirmación por parte de la Fiscalía General del Estado de que la militante socialista Leire Díez estuvo presente en dos reuniones celebradas en su sede de la calle Fortuny número 4 de Madrid ha generado una honda consternación entre los propios fiscales.

Varios miembros del Ministerio Público, que han pedido el anonimato a OKDIARIO, han trasladado su «malestar y decepción» y han señalado que los hechos reconocidos suponen un incumplimiento flagrante del Código Ético del Ministerio Fiscal aprobado en 2020, cuyo artículo 25 establece que los fiscales «se relacionarán profesionalmente única y exclusivamente con los abogados y procuradores de las partes o con quienes legalmente les sustituyan».

La revelación, adelantada en primicia por OKDIARIO, ha provocado la rápida respuesta de la fiscal general Teresa Peramato al requerimiento del juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, fechado el 8 de junio de 2026. Ver la admisión de las reuniones ha caído como un jarro de agua fría en las filas de la carrera fiscal.

Código ético de la Fiscalía

El texto deontológico, publicado por la Fiscalía General del Estado en 2020 tras más de siete años de trabajos y consultas, recoge en su artículo 21 que «para actuar con la máxima objetividad, los fiscales deberán abstraerse de sus convicciones personales, cuando estas puedan interferir o resulten incompatibles con sus actuaciones».

El artículo 22 añade que «los fiscales se asegurarán de que sus compromisos personales y/o de cualquier otro tipo no interfieran en el ejercicio de su función».

La sección dedicada a los conflictos de intereses es aún más taxativa: «Los fiscales no deberán intervenir en los supuestos en los que tengan un interés personal que pueda generar un conflicto, ni utilizar la información a la que tengan acceso durante el ejercicio de su función para sus propios intereses o los de terceras personas».

Una de los fiscales consultados ha expresado su disgusto de forma contundente: «Todo horroroso. No sé si quedará constancia y se podrá acreditar el motivo y contenido de la reunión, pero el solo hecho de que se una el nombre de Leire Díez con la Fiscalía me produce disgusto».

Otro ha añadido: «Me parece todo fatal. No llegamos a tocar suelo». Un tercero, más cauto, ha señalado que, aunque de momento no se prevé ningún comunicado institucional, sí considera que el asunto «podría entrar a la inspección fiscal, porque se ha incumplido el código ético». Un cuarto fiscal consultado, en este caso en excedencia, Juan Antonio Frago expresa con pesar: «El equipo Fortuny haciendo de las suyas…».

Las reuniones y sus protagonistas

Según la información remitida al juez Pedraz, las dos reuniones tuvieron lugar el 6 de marzo de 2025 y en una fecha «no determinada de finales del mes de marzo o principios del mes de abril de 2025».

En ambos encuentros participó Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y hombre de máxima confianza del ex fiscal general Álvaro García Ortiz —hoy condenado—, así como la fiscal Beatriz López, al menos en la primera cita.

La Fiscalía describe a Díez como una mera acompañante «con una intervención menor», presentada como «compañera de despacho» del abogado Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán.

Sin embargo, los mensajes intervenidos en el teléfono de la investigada ofrecen una versión bien diferente. El 7 de abril, Leire Díez confirmó en una conversación con Sandro Rosell que «el jueves estuvimos en FGE» y que volverían «este jueves» [10 de abril].

El panorama que dibujan los mensajes interceptados revela además que el 27 de febrero de 2025 Díez ya comunicó a Teijelo que tenían «vía libre» para acudir juntos a ver al fiscal general, y que en mayo insistió en solicitar nuevas citas refiriéndose a sus interlocutores de la institución como «nuestros amigos de FGE». Tras uno de los encuentros llegó incluso a afirmar: «Parece que la Fiscalía [se] ha arrancado a hacer cosas».

El artículo 26 del Código Ético vigente obliga a los fiscales a «cuidar de mostrar en todo momento su imparcialidad y no dar la impresión, a los ojos de profesionales y de la ciudadanía, de que establecen relaciones estrechas y, aún menos, de complicidad, con los abogados y procuradores intervinientes».

La pregunta que queda en el aire —y que deberá responder el juez Pedraz— es qué clase de «compañera de despacho» negocia el futuro de fiscales anticorrupción. Mientras el Ministerio Público invoca en su escrito un «espíritu de total colaboración institucional y transparencia», sus propios fiscales hablan en privado con la trama.