El fiscal general podrá dar instrucciones a la Policía «para el mejor funcionamiento de la justicia»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 20/05/2025 06:47
  • Actualizado: 20/05/2025 06:47

La letra pequeña de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prepara el Gobierno revela las intenciones de que el fiscal general del Estado tenga un poder absoluto sobre las investigaciones. Un asunto crucial para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, asediado por las causas de corrupción que implican al entorno personal y político del presidente del Gobierno. La reforma entregará la instrucción penal a los fiscales, diluyendo sobremanera la figura del juez.

El texto no oculta que ésa es su auténtica intención, al destacar, en su artículo quinto ter, que «el fiscal general del Estado podrá impartir, por conducto del Ministerio del Interior y, en su caso, de los organismos encargados de la dirección de las Policías autonómicas, cuantas instrucciones generales estime oportunas para el mejor funcionamiento de la justicia». Un enunciado lo suficientemente ambiguo para que tengan cabida toda clase de órdenes a la Policía judicial y, en su defecto, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su totalidad.

El control de la Policía Judicial es una de las principales novedades de la reforma diseñada por el Gobierno. A ello se dedica un capítulo de nueva introducción, en el que se anuncia que «la Policía Judicial desarrollará, bajo la dependencia funcional directa del Ministerio Fiscal, las funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento de sus responsables, o de prestación de auxilio judicial». Para este fin, «las unidades de Policía Judicial practicarán las diligencias de investigación cuya realización les haya sido ordenada por el Ministerio Fiscal con arreglo a las instrucciones impartidas por aquellos».

La reforma advierte, entre otras cosas, que «las  instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales en ningún caso podrán contradecir aquellas instrucciones generales o particulares impartidas por el Ministerio Fiscal» o que «en la investigación de los delitos la Policía Judicial se atendrá, una vez iniciado el procedimiento de investigación, a las órdenes e instrucciones particulares que reciban del fiscal responsable de la investigación».

Las instrucciones se formularán por escrito, «salvo urgencia o cuando la naturaleza de la actuación lo aconseje». En este caso, la orden podrá ser verbal. Los funcionarios de la Policía Judicial «guardarán rigurosa reserva» sobre las actuaciones. El fiscal tendrá el control de los atestados policiales. Asimismo, «podrá realizar, por sí mismo o con el auxilio de la Policía Judicial, aquellas diligencias extraprocesales que la ley le autorice a practicar sin autorización judicial y que, siendo necesarias para fundamentar su postura procesal, puedan aportarse al inicio del acto de juicio oral».

El Gobierno alega que esta reforma, que se encuentra en trámite de consulta pública, responde a los requerimientos de «independencia» del fiscal general del Estado que la Unión Europea le reclama desde hace años. Sin embargo, las medidas son polémicas y se cuestiona su intención real: por ejemplo, el mandato del fiscal se amplía a cinco años y también se asegura su «ascenso a la primera categoría» al término de su mandato.

Además, el mandato del fiscal no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior. Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, ya que podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes.

El Partido Popular ha criticado que el Gobierno busque «blindar» al fiscal general con esta reforma legislativa y ha acusado a Sánchez de actuar «como un autócrata».

Plantón de los fiscales

La reforma también suscita el rechazo de los fiscales. Las dos principales asociaciones han decidido no asistir a la reunión convocada para este martes 20 de mayo por el fiscal general Álvaro García Ortiz dejándole prácticamente solo en su intento de consensuar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tanto la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han comunicado oficialmente que no participarán en el encuentro, al considerar que la reforma sólo refuerza el poder del fiscal general sin introducir los contrapesos necesarios.

La decisión de ambas asociaciones supone un duro revés para García Ortiz, que verá cómo la reforma impulsada por el Gobierno para «reforzar la independencia» de la Fiscalía nace sin el respaldo de la mayor parte de los profesionales a los que representa.