Un ex senador del PSOE se beneficia de la primera rebaja de pena en el Supremo por la nueva malversación

El Tribunal Supremo ha reducido en 1,5 años las condenas de prisión por malversación a un ex senador del PSOE y ex alcalde de Bigastro (Alicante) y a su secretario municipal tras la reforma del delito impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para contentar al independentismo. Es la primera sentencia del Supremo en aplicar la malversación suavizada, que según el Gobierno nunca acabaría beneficiando a políticos condenados por corrupción.

José Joaquín Moya, senador del PSOE a finales de los años 80 y alcalde del citado municipio de la Comunidad Valenciana de 7.600 habitantes, malversó 70.000 euros, tal como consta en la sentencia. La Sala de lo Penal, en una ponencia de Andrés Palomo, considera que la reforma legal de Sánchez es más favorable para este político y su colaborador y, por tanto, se le deben reducir en seis meses la pena de prisión que ya está cumpliendo el ex regidor. Pasa de una condena de 4,5 años a 4 años. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, que permitió el latrocinio, pasa de 3 a 2 años de cárcel.

El modus operandi de este caso de corrupción del PSOE valenciano era el siguiente. El ex senador del PSOE vendía solares de propiedad municipal, pero parte del dinero no llegaba a las arcas locales. Un jurado determinó en el juicio que esos 70.000 euros «se los quedó para uso propio el alcalde, con el conocimiento y consentimiento del secretario».

La defensa del político condenado recurrió al Supremo para anular la sentencia y ha logrado que se convierta en la primera reducción de condena en este ámbito que trasciende por la reforma legal de Sánchez. La defensa mantenía que ahora «no basta con que el dinero no se encuentre correctamente contabilizado, se tiene que probar si hubo apropiación, si hubo uso privado –y cuál– o si se dio una aplicación diferente al previsto para ese caudal público». «No ha quedado probado ninguno de los usos típicamente previstos en el delito de malversación», apunta.

Al resolver el recurso de casación la sentencia incluye el apartado «Incidencia de la reforma operada por la Ley Orgánica 14/2022» con la que Sánchez retocó el delito de malversación en 11 días, por la vía rápida. La Fiscalía consideraba que la reforma legal no debería beneficiar a estas dos personas. Sin embargo, el Supremo considera que no se aclaró en los hechos probados de la primera sentencia el uso final del dinero, por lo que corresponde acortar la pena.

«Desde esos antecedentes, aunque no se trata de revisión de sentencias firmes, dada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y dado que se motivó expresamente la adecuada imposición
de las penas en su umbral mínimo (entonces prisión de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 6 a 10 años; delimitadas por la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas) y resultando con la reforma legal, en el caso del alcalde, inferior en la pena de prisión, aunque aumente la inhabilitación, procede su aplicación», recoge el fallo judicial.

Frente a la rebaja de su estancia en prisión, suben los años de inhabilitación para cargo público. El alcalde pasa de 6 a 10 años de inhabilitación absoluta y el secretario pasa de 4 a 6 años de inhabilitación, que pasa de ser especial, es decir, para el cargo de secretario, en vez de absoluta.

Más casos de presunta malversación

No es el único caso judicial de malversación que implica a este ex senador del PSOE. En agosto de este año se sentó en el banquillo de los acusados por otra causa en la que la Fiscalía solicita 7 años más de prisión. Optó por no declarar. Está a la espera de conocer la sentencia por, del mismo modo, quedarse presuntamente con dinero municipal entre 2004 y 2006 en expedientes urbanísticos.

Por otra parte, en mayo ya se aplicó la reforma de la malversación en relación a un caso de corrupción del PSOE: en lugar de a un ex senador, a un funcionario que benefició a la familiar de una política socialista. La Audiencia Provincial de Pontevedra redujo tres meses de cárcel la condena al funcionario del Ayuntamiento de Vigo que enchufó a la cuñada de la presidenta en funciones de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde en Vigo en una contrata. Pasó de 5 años y 3 meses de condena a 5. Entró en julio en el centro penitenciario de El Dueso, en Cantabria.