Un etarra exige a los funcionarios de prisiones el uso de mascarillas y guantes que no tienen

La situación en las cárceles españolas empieza a rozar el límite. Los funcionarios de prisiones siguen sin recibir los equipos de protección individual (EPI) contra el coronavirus comprometida por el Ministerio de Interior y muchos se han visto obligados a fabricar su propia salvaguarda. Tanto es así que el pasado 28 de marzo un etarra, interno en el Centro Penitenciario de Puerto I de Cádiz, instó que los trabajadores portasen mascarillas y guantes.

El reo exige por escrito a la dirección del centro que «debido a la situación de pandemia, solicito que el funcionariado realice su servicio provisto de guantes y mascarillas».

Una queja que se suma a la del conjunto de trabajadores de prisiones españolas donde demandan que Interior les dote con el material adecuado y que choca frontalmente con las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En una rueda de prensa el ministro afirmaba la semana pasada que los agentes de las Fuerzas de Seguridad «han gozado en todo momento de medios de protección individuales para el ejercicio de sus funciones» para estar protegidos de contagios de coronavirus.

«No existen en este departamento dotaciones de EPI para evitar, en la medida de lo posible, el contagio del virus, cuya dotación se reduce a día de hoy (19 de marzo) a guantes de látex. No existiendo líquido hidroalcóholico, mascarillas protectoras FFP2-FFP3, gafas de protección ocular y batas», denuncian los trabajadores de prisiones.

«Tampoco se ha tomado nunca la temperatura a los funcionarios a la entrada del trabajo. Medida que evitaría que portadores del virus estuvieran en contacto con los internos y resto de funcionarios», añaden.

La Asociación de Profesionales Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) interpuso en marzo una querella contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y su responsable, Ángel Luis Ortiz, por «vulneración de los derechos de los trabajadores» en el Juzgado Central de Instrucción Penal. Concretamente, se refieren al artículo 316 del Código Penal, que habla del incumplimiento del derecho al trabajo en condiciones de seguridad y salubridad.