La directora ‘racializada’ de Montero pretende que las familias de ilegales fallecidos denuncien al Estado

La nueva directora general de Diversidad Racial, Rita Bosaho, pretende que se conceda un visado a los familiares de inmigrantes que han fallecido intentando entrar en España de forma ilegal para poder denunciar al Estado español o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la muerte de sus allegados.

El pasado mes de febrero, y como parte del área de Derechos Humanos, Diversidad y Ciudadanía de Podemos, Bosaho acudió al Congreso de los Diputados para acompañar a las diputadas de su partido Ione Belarra y Dina Bousselham. La razón era la presentación de una proposición no de ley que defendía la necesidad de estas familias de tener la posibilidad de realizar una denuncia al Estado y disponer de un visado para ello.

Podemos presentó esta medida en el marco del 5º aniversario de la ‘tragedia del Tarajal’ que supuso la muerte de 14 inmigrantes de origen subsaharianos ahogados cuando trataban de cruzar a nado la frontera que separa Ceuta de Marruecos tras ser repelidos por agentes fronterizos con pelotas de goma y botes de humo.

Argumentaron la necesidad de “facilitar visados humanitarios a los familiares de aquellas personas fallecidas en su intento de entrada a territorio español para posibilitar la perforación como acusación particular en caso de que así lo deseen y garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva”.

Además, se propuso que los muertos sean enterrados “acorde a sus creencias, así como la localización y comunicación efectiva a las familias allá donde se encuentre y el acompañamiento en los casos que fuera necesario, ofreciéndoles la posibilidad de acompañamientos psicosocial necesario y de hacerse cargo de los procesos de repatriación”.

Podemos añadió en su texto medidas como la creación de un observatorio para la recuperación de la memoria y las víctimas de las fronteras, apoyar la labor de las organizaciones que se hacen cargo de la identificación de las personas fallecidas y el contacto con los familiares; y establecer el día 6 de febrero como el Día de las Víctimas de las Fronteras.