El director animalista del Gobierno planta al juez tras acusar a los cazadores de maltratar a sus perros

El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres (Podemos), ha dado este viernes plantón a la Justicia. Ha optado por no presentarse a la citación que tenía en el Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid por dañar el honor de los cazadores, según denuncia la Fundación Artemisan.

Sergio García Torres acusó públicamente al colectivo de cazadores de abandonar y maltratar sistemáticamente a sus perros. «A sabiendas de que esas afirmaciones no son ciertas y que no existe dato alguno que las avale, el director general de Derechos de los Animales cometió un presunto delitos contra el honor de los cazadores», esgrimen este colectivo en declaraciones a OKDIARIO.

Como paso previo a presentar una querella, Sergio García Torres fue citado a un acto de conciliación por la demanda presentada este viernes a las 10 de la mañana. Pero ha llegado el día señalado y no se ha dejado ver este alto cargo que cobra 78.973 euros anuales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Ione Belarra, también secretaria general de Podemos.

Los cazadores pedían a Sergio García Torres rectificar públicamente sus manifestaciones contra el sector cinegético. Consideran que los perros no sufren ayudando en estas labores. Por el contrario, disfrutan corriendo por los montes españoles. «Una vez confirmada su falta de respeto al sector cinegético y a la Justicia en general, la Fundación Artemisan procederá a la interposición de una querella por estos hechos que suponen, por parte de un director general, la imputación pública de un delito de maltrato animal a los cazadores sin prueba alguna», avanzan desde esta entidad.

Hasta 2 años de cárcel

En este sentido, la Fundación cree que las palabras del director general podrían considerarse «un delito de calumnia, por la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad». Cabe recordar que las calumnias están castigadas con penas de cárcel de seis meses a dos años y, además, se contemplan multas de entre uno a dos años si se propagaran con publicidad, 0 de seis a 12 meses en caso contrario.

Igualmente, los cazadores creen que podríamos estar frente a «un delito de injurias, consistente en aquella acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación».

El acto de conciliación al que había sido citado este viernes el alto cargo del Gobierno era un acto previo y necesario a la presentación de la querella que va ahora a interponer la Fundación Artemisan, con la que espera se restituya el honor del colectivo de cazadores y cesen los ataques por parte de una minoría radical que, en este caso, llegan desde el propio Gobierno.

Ley polémica

Por otra parte, los cazadores muestran su malestar con los planes legislativos del director general. El anteproyecto de Protección y Derechos de los Animales pone en el punto de mira los canes dedicados a la caza, al pastoreo, a la protección del ganado y otras labores habituales en el mundo rural.

El Gobierno fijará un listado de obligaciones y de prohibiciones para los dueños. El texto determina condiciones especiales para los perros y los caballos que estén asociados a tareas concretas. No pueden ser «animales de trabajo». Deberán tener una edad mínima para empezar esas labores y tendrán que jubilarse cuando así lo decida un profesional. Además, deberán tener horarios establecidos y lugares de descanso en función de la actividad que desempeñen.

Los perros pastores y de cazan no podrán a realizar funciones antes de los 18 meses. Además, cuando cumplan siete años tendrán que pasar por el veterinario para superar una evaluación que indica si merecen ya una jubilación.

«Desconocimiento»

Asociaciones del sector alertan de que la ley «perjudicará tanto a los animales como a los cazadores» y denuncian un total «desconocimiento de las razas y de las labores». Indican que cada raza tiene unas particularidades. Las hay que retrasar su incorporación a los 18 meses es «una burrada» y, por el contrario, hay perros a los que hay retirar antes de los siete años. Defienden que «ya hay suficientes mecanismos legales para controlar que los perros están bien cuidados, ahora sólo tienen que aplicarlo, no hacen falta más normas inútiles».