El dinero robado por el PSOE con los ERE: 680.000.000 €

La sentencia del ‘caso ERE’ que condena a los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 17 ex cargos del Gobierno autonómico afirma que entre los años 2000 y 2009 se puso en práctica un sistema irregular de ayudas a empresas en crisis dotado de 680 millones de euros.

El tribunal asegura que «el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y luego 31L, de los que se dispuso todos estos años, para atender compromisos asumidos frente a terceros para ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis, mediante el mecanismo inadecuado de las transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo a la Agencia IDEA, se elevan –si sumamos las cantidades consignadas originariamente más los incrementos derivados de modificaciones presupuestarias– a un total de más de 680.000.000 €».

En línea con la acusación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que señaló dicha cuantía como la cantidad defraudada a las arcas públicas andaluzas, los magistrados han desglosado la cantidad defraudada en los sucesivos años. Según la sentencia, los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L de los que dispuso año a año a la agencia IFA/IDEA fueron los siguientes: 6.977.751 euros en 2000, 86.022.863 en 2001, 66.538.654 en 2002, 55.646.899 en 2003, 42.472.719 en 2004, 73.061.471 en 2005, 86.591.000 en 2006, 86.656.003 en 2007, 94.744.185 en 2008 y  80.720.634 euros en 2009.

Según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, estas partidas presupuestarias fueron destinadas a conceder ayudas que no disponían de «la tramitación del correspondiente expediente que permitiese acreditar, no ya sólo el fin público o social del destino de las cantidades concedidas, sino también, que los fondos se hubieran aplicado realmente a dicho fin. Colma sobradamente el requisito de la especial gravedad, atendiendo al valor de las cantidades sustraídas».

La sentencia no deja lugar a dudas. Asegura que Griñán «en el ejercicio de las competencias y funciones» de su cargo -como Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, entre 2004 y 2009- era consciente «de los incumplimientos» sistemáticos «en la gestión presupuestaria» y no cambió «el proceder en la elaboración, tramitación y aprobación» de los expedientes administrativos corruptos.