Más de 50 denuncias simultáneas contra Sánchez por el ‘decretazo’ sobre la patria potestad en el maltrato

Presentan 50 denuncias contra Sánchez por el ‘decretazo’ sobre la patria potestad en el maltrato.

Medio centenar de ciudadanos han registrado en comisarías y juzgados de guardia de diferentes localidades —Madrid, Jaén, Granada, Valencia, Huelva, San Sebastián de los Reyes, Toledo, Bilbao, Badajoz, Zaragoza, Sevilla o Alicante, entre otras— diferentes escritos denunciando la «participación» de Pedro Sánchez «en la aprobación del Real Decreto Ley 9/2018, que usurpa las competencias del Parlamento español al regular materias reservadas a éste, como lo son la modificación del Código Civil. Así como materias reservadas a Ley Orgánica, ya que regula aspectos que afectan a la presunción de inocencia y a la dignidad humana, así como el derecho a la propia imagen».

En dichos documentos se solicita que las denuncias se trasladen «a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que dicho Tribunal le dé el trámite ordenado por la Ley» en relación a las modificaciones, que tendrán profundas consecuencias en el tratamiento de la materia de violencia de género.

Permitir la declaración extrajudicial de la condición de «mujer maltratada» a los servicios sociales o de acogida, a la Administración, a Fiscalía y «por cualquier otro título» —que no se concreta en el texto— y habilitar, en base a dicho reconocimiento, medidas cautelares y prestaciones económicas sin necesidad de que exista denuncia previa es, según declaran algunos de los denunciantes a este diario, una «vulneración del principio de defensa y de la seguridad jurídica».

El último ‘decretazo’, aprobado el pasado 3 de agosto en Consejo de Ministros por el Gobierno del PSOE, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, publicado en el BOE del 4 de agosto, y que afecta a derechos fundamentales es “claramente inconstitucional” en opinión de varios juristas consultados por OKDIARIO.

La Disposición Final Segunda, que modifica el artículo 156 del Código Civil en lo relativo a las facultades de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad —materia que no admite regulación por decreto— no reúne ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 86 de la Carta Magna española, según afirman catedráticos universitarios y magistrados de Tribunal Supremo expertos en la materia.

Todos insisten en el error jurídico de la fórmula elegida para reformar la legislación vigente sobre dichas cuestiones y alertan sobre la gravedad de que un Gobierno modifique vía ‘decretazo’, por primera vez en la historia de la democracia española, un precepto del Código Civil que es, recuerdan, «ley orgánica» y una de las piedras angulares de nuestro ordenamiento.