Delgado ordena a Luzón blindar a los fiscales que se aliaron con Podemos para destruir OKDIARIO

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que hasta hace unos meses era ministra de Justicia de Pedro Sánchez y alcanzó un escaño en el Congreso de los Diputados en una lista del PSOE, se ha reunido de urgencia este jueves con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para «montar la defensa» de los fiscales del caso Villarejo que se confabularon con Podemos para beneficiar a Pablo Iglesias en varios procedimientos judiciales.

La reunión ha tenido lugar a lo largo de esta mañana después de que El Confidencial revelara nuevos chats del equipo jurídico de Podemos. Estas conversaciones demuestran que los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa ayudaron a Iglesias para que el Tribunal Supremo aplazara el recurso contra la sentencia que dio la razón a OKDIARIO del caso Granadinas (el ingreso de 272.325 dólares procedente de la narcodictadura de Nicolás Maduro en una cuenta del paraíso fiscal). El objetivo era que el alto tribunal resolviera a favor del líder de la formación morada, en la que era su última bala tras haber agotado todas las vías judiciales.

Delgado y Luzón han decidido «apoyarles» y no apartarán a los fiscales Stampa y Serrano del proceso. Fuentes judiciales consultadas por este periódico confiesan que hace unos meses Luzón, que sabía «lo que se avecinaba», se reunió con Stampa. Éste le mostró los mensajes intercambiados con Marta Flor Núñez, la abogada de Iglesias con la que tiene una relación muy estrecha.

«Luzón ya conocía el contenido de los mensajes que ahora están saliendo a la luz», aseguran fuentes próximas a la Fiscalía. Este extremo pudo servirles para prepararse frente a las acusaciones de posibles delitos, entre los que podrían estar los de revelación de secretos y animadversión contra una de las partes afectadas.

Por el momento, tanto el fiscal Serrano como Stampa permanecerán al frente del ‘caso Villarejo’. La fiscal general no va apartarles por vía disciplinaria de esta causa judicial que se instruye desde finales de 2017 en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

El contenido de los mensajes del equipo jurídico de Podemos revelan cómo la abogada de Podemos contaba con información actualizada y de primera mano de los fiscales anticorrupción. En un mensaje desvela que había «preguntado directamente a Ironman –apodo de uno de los fiscales anticorrupción– por lo de Inda» y añadía que «ha dicho que hay suficiente para paralizar lo del Supremo pero que han estado ahogados con los recursos en agosto. Que quieren ayudarnos en esto».

Se confabularon con Podemos

La letrada del líder podemita y, hasta hace unos días, de Dina Bousselham, ex asesora de Iglesias, preparaba –siempre con la ayuda de los fiscales– un escrito de prejudicialidad que suspendiera en el alto tribunal la sentencia sobre la cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas en la que el líder de Podemos recibió 272.325 dólares del dictador chavista Nicolás Maduro.

Además, El Confidencial desveló este miércoles el contenido de otros mensajes que demuestran que los letrados de Podemos se conjuraron con Stampa y Serrano para que solicitaran al juez Manuel García-Castellón la entrada y registro en la redacción de OKDIARIO en busca de una tarjeta de teléfono que, supuestamente, le habían robado a la entonces asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham.

Esta estrategia se planificó meses antes de que se abriera la pieza Dina, que ocupa el lugar número 10 de las 25 que conforman la macrocausa Tándem, más conocida como ‘caso Villarejo’ al ser el comisario jubilado el principal investigado.

Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que los fiscales han podido incurrir en un delito de revelación de secretos y otro de odio o animadversión contra una de las partes.

Pero, de momento, cuentan con el apoyo de la ex diputada y ex ministra socialista Delgado, designada fiscal general del Estado por Sánchez pese a la advertencia de siete vocales del CGPJ que no la consideraron idónea para desempeñar ese cargo porque «no cumple con el requisito de imparcialidad».