Del alegato ‘romántico’ político de Junqueras a la defensa ‘legalista’ de Forn

«Me considero un preso político» ha espetado a bocajarro el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, de buena mañana en el Tribunal Supremo. Y a partir de entonces, todo su interrogatorio ha quedado convertido en algo más próximo a un ‘mítin’ programático de su formación, Esquerra Republicana de Cataluña -de la que ha resaltado cómo tras 90 años de historia no ha sufrido ni un caso de corrupción- que a una declaración en sede judicial. La Sala le ha escuchado con atención, sin cortapisas, en un denodado ejercicio de exquisitez garantista.

Ha apelado Junqueras al humanismo cristiano, raíz de la civilización europea, y a los valores de su código ético para concluir que, por encima de su condición catalana, independentista o republicana, quienes como él se sientan en el banquillo lo hacen resultado de una «persecución de las ideas y de la disidencia política». Porque todos ellos «son buenas personas».

Ignora el ex vicepresidente de la Generalitat, no por desconocimiento sino con intencionalidad, que dispone de un despliegue mediático sin precedentes a su servicio. Ni en sus mejores sueños hubiese pensado el bueno de Junqueras tener una plataforma en ‘streaming’ para el mundo por la que divulgar sus ideas. Y la aprovecha, en una intervención apasionada, con la que trata de recuperar el tiempo perdido: «Llevo un año que no me han dejado hablar».

Poco ha cambiado en esos doce meses. Junqueras insiste en que ni él ni el Govern cometieron delito alguno porque «la independencia no lo es, ni lo ha sido, ni debe serlo». «¿Dónde está prohibido que trabajar de forma pacífica para la independencia sea un delito?”, insiste. De vuelta al «mandato democrático» y al «derecho a decidir» de la gente que quiere «votar»… «Todo era una actividad política pública y legítima, sustendada en programas electorales que nadie ha discutido. ¿Qué íbamos a hacer?», soslaya.

Junqueras contesta a las preguntas de su letrado, Andreu Van den Eynde, en forma de propaganda exculpatoria. «Votar no es un delito, impedirlo por la fuerza, sí» y hace una revisión retrospectiva de la historia política del ‘procés’. Defiende una y otra vez la necesidad de buscar «una solución política» que llene la «silla vacía» a que han condenado sus reivindicaciones los Gobiernos centrales y no pierde ocasión para arremeter, bajo cualquier pretexto, contra el proceso judicial en marcha.

También contra la violencia «desproporcionada» de las actuaciones policiales durante el referéndum, ilegal, del 1 de octubre de 2017, que le ha sentado en el banquillo:»Era imposible prever que hubiera algunos miembros de la Guardia Civil o la Policía que actuaran con una violencia francamente innecesaria». Junqueras achaca toda la violencia en la jornada del referéndum a las fuerzas de seguridad estatales.

En su alegato, todo fue un ejercicio «cívico y pacífico» de democracia. Nada hizo jamás presagiar -en aquella reunión del 28 de octubre de 2017  donde se coordinó con los Mossos la seguridad de la fatídica jornada de votaciones- que pudiesen darse «brotes de violencia» si seguían adelante con su propósito. Incluso cuando, tras haber sido declarado judicialmente inconstitucional, el plebiscito de autodeterminación tomaba forma pensó Junqueras que estuviesen avalando «nunca, nunca, nunca, ningún comportamiento» disruptivo, confirma.

Oriol está tan relajado en la réplica a su defensa que hasta ironiza. Junqueras ama a España, certifica: «He dicho que amo a España muchas veces. En el Parlament y fuera. Porque es verdad» y se auto pregunta: «¿Cómo es esto compatible con que sea republicano catalán?» y se auto responde: «Porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar la convivencia es en un reconocimiento entre iguales».

Y lejos de exculparse, se ratifica: «Somos independentistas y estamos independentistas». O lo que es lo mismo: «Autodeterministas». Ni la prisión preventiva parece hacer mella en su reincidencia: «Lo que hemos intentado, lo seguimos intentado y lo seguiremos haciendo, sea cual sea el resultado de este proceso», afirma.

Forn, el legalista

Forn, en cambio, ha querido mantener un complejo equilibrio entre su «compromiso político» a favor de la celebración del referéndum, la «base legal» del mismo y su actuación, desde la distancia, como máximo responsable político de los Mossos, que tenían orden judicial del mismísimo Tribunal Constitucional, de impedirlo.

Cual funambulista en el alambre -y ante la insistencia del fiscal, Fidel Cadena, en su interrogatorio al ex consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña- Forn balbucea por momentos pero es incisivo en muchos otros, como cuando recuerda que «en 2005 se despenalizó» la organización de cualquier consulta sobre la independencia. Le sirve, la máxima, para justificar las movilizaciones sociales: «¿Es una noticia que el poder político cuente con apoyo de movilizaciones sociales?», ironiza.

Tampoco se arredra cuando asegura que no participó en la conformación del operativo policial de seguridad para garantizar el orden público durante las votaciones del 1-O. «Los Mossos cumplieron a la perfección» el mandato judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que les obligaba a impedir la apertura de los colegios electorales, apunta. Por tanto, abunda, «nunca hicieron nada en contra de la Constitución». Y niega haber dado, nunca, «órdenes» políticas desde su consejería, ni que se diesen desde la Presidencia (en manos de Puigdemont), o la Vicepresidencia (entonces liderada por Oriol Junqueras).

El exconseller de Interior del Govern catalán ha explotado una línea legalista como estrategia de defensa, dirigida por el penalista Javier Melero.

Los Mossos «en ningún momento, nos plantearon que hubiera un escenario de violencia generalizado» sino que «solo nos manifestaron su preocupación por actos puntuales», pero precisa, al mismo tiempo de que de dicho encuentro no se derivó ningún documento, «todo fue verbal». Declara ante el tribunal, poco menos, que aquel dispositivo para impedir el referéndum, integrado «por más de 8.000 agentes, que superaron las 92.000 horas de servicio, en la mayor movilización de toda su historia» fue el resultado de un pacto de caballeros…