El Defensor del Pueblo exige a Sánchez el cierre inmediato de Arguineguín al vulnerar derechos fundamentales

Aumentan las presiones sobre el Gobierno para cerrar el campamento de inmigrantes ilegales de Arguineguín. El último en manifestarse ha sido el Defensor del Pueblo, quien ha exigido por escrito al Ejecutivo el cierre «inmediato» del campamento instalado desde el pasado mes de agosto en el muelle grancanario de Arguineguín, al que llegan cada día varios centenares de inmigrantes y que soporta una presión migratoria que sobrepasa todos los protocolos.  Este mismo viernes han amanecido allí 736 personas, lo que supone un paso más en esa presión para encontrar una solución.

En este viernes en que han sido rescatadas otras 63 personas en dos pateras cerca de Gran Canaria, el defensor del Pueblo en funciones, el socialista Francisco Fernández Marugán, ha anunciado que la próxima semana visitará el muelle, que llegó a albergar a 2.600 personas a comienzos del presente mes de noviembre.

La exigencia del Defensor del Pueblo es que el cierre de ese espacio como campamento para inmigrantes sea inmediato. A este respecto, el Ministerio del Interior ha recalcado  que se trabaja «a contra reloj» tras la habilitación en el espacio cedido por Defensa en el antiguo polvorín de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria de un campamento con capacidad para 800 personas como Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Las fuentes de Interior han añadido que se están adecuando las instalaciones para que los inmigrantes que sean allí desplazados puedan permanecer de la forma más digna posible: de esta forma, aducen que poco a poco se irá evacuando Arguineguín.

Viaje sorpresa

Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a Efe que la petición del cierre inmediato del centro de acogida de inmigrantes se produce después de que un equipo de la institución hiciera por sorpresa el pasado día 16 una visita al campamento del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, junto a una ronda de inspecciones por la red de acogida de las islas para comprobar el trato que reciben los inmigrantes cuando llegan en cayucos o pateras a Canarias. Es tras esta visita de inspección cuando la institución ha remitido la petición de cierre del muelle de Arguineguín porque se pueden estar vulnerando derechos fundamentales.

Coincidiendo con la exigencia del Defensor, organizaciones como Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han solicitado también  la reactivación de los traslados a centros de la península, algo a lo que se niega el Gobierno salvo en caso de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o que hayan solicitado  algún tipo de protección internacional.

Esas organizaciones, al igual que el Ejecutivo canario o Human Rights Watch (HRW) han reclamado de forma reiterada el cierre del campamento de Cruz Roja en el muelle por sus condiciones de hacinamiento.

También lo ha hecho el juez del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), Arcadio Díez Tejera, quien ha revelado testimonios de personas que han permanecido más de tres semanas allí, cuando el máximo deben ser 72 horas.

Frentes urgentes

El cierre del campamento hacinado de Arguineguín es uno de los frentes que se le exige resolver con urgencia el Gobierno de  Pedro Sánchez y Pablo Iglesias; el otro es la inmediata reubicación de las miles de personas alojadas en hoteles de Mogán, cuya alcaldesa, Onalia Bueno (CIUCA), ha dado un ultimátum a esos establecimientos para dejar de acogerlos antes de fin de año.

El presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, que es uno de los que más ha presionado para llagar a una solución, ha salido al paso de ese ultimátum y de exigencias de este tipo ante la «situación dramática» que entraña la vigente crisis migratoria.

«Ejemplar» respuesta de los hosteleros

Torres ha destacado la «ejemplar» respuesta de los hosteleros y ha recordado que el Ministerio de Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, trabaja para encontrar otros espacios, «que es lo que debe ser», para que los hoteles puedan dedicarse al turismo.

El plan del ministro José Luis Escrivá, según parece, es realojar en breve en diferentes campamentos a los 6.000 inmigrantes acogidos en estos momentos en hoteles para, posteriormente, albergarlos en otras 7.000 plazas habilitadas en inmuebles cedidos por el Ministerio de Defensa, Bankia y algunas otras corporaciones locales.

«Eso es lo que están pidiendo los empresarios, a los que agradezco la colaboración que han tenido. Lo que me parece es que no se puede decir que tiene que ser el 31 de diciembre sí o sí, porque, si finalmente es el 5 de enero, ¿qué hacemos con esas personas, las mandamos a la calle?», ha manifestado el presidente canario, Ángel Víctor Torres.