David Sánchez no tendrá que devolver los 340.572 € que cobró porque la Fiscalía no le acusó de ningún delito

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa, pero no tendrá que devolver los 340.572 euros que ha cobrado de la Diputación entre julio de 2017 y mayo de 2025.

El tribunal ha explicado en la sentencia de 377 páginas que esa devolución sólo podría reclamarla el Ministerio Fiscal «si hubiera formulado acusación», algo que nunca ha ocurrido, ya que la Fiscalía solicitó desde el inicio el sobreseimiento de la causa.

La condena ha recaído también sobre el ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo Miranda, condenado por dos delitos de prevaricación a otras tantas penas de nueve años de inhabilitación, 18 en total.

Según documentos oficiales de la Diputación de Badajoz a los que tuvo acceso OKDIARIO en marzo de 2026, David Sánchez cobró un sueldo de 22.603,82 euros en 2017, que al año siguiente se disparó hasta los 48.212,58 euros. La progresión continuó con 49.281,91 en 2019, 37.747,08 en 2020, seguidos por 12.695,58 euros en 2021 y 36.885,78 euros en 2022.

Ya en 2023 su salario engordó hasta los 55.560,66 euros y en 2024 nada menos que hasta los 57.627,07 euros, para menguar en 2025 hasta los 19.957,88 euros, último año recogido en ese registro administrativo.

Sin responsabilidad civil

La Audiencia Provincial ha zanjado con rotundidad la posibilidad de que el propio proceso penal obligara a devolver ese dinero. La sentencia señala que «no cabe entrar en el análisis de la responsabilidad civil derivada del delito por carecer de legitimación para plantear tal pretensión la acusación popular», único motor de la acusación en este juicio.

El tribunal añade: «Tal acusación se ejerce por quienes carecen de la condición de perjudicados». Y remata la cuestión con una hipótesis que, en este caso, nunca llegó a cumplirse: la devolución de los salarios «sólo podría ser ejercida por la Entidad Local pagadora de tales sueldos [la Diputación de Badajoz] o por el Ministerio Fiscal si hubiera formulado acusación».

La sentencia recuerda, de hecho, que «el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa», por lo que la apertura del juicio oral se sostuvo «en base a la otrora acusación popular unificada» impulsada por el sindicato Manos Limpias.

Ni siquiera en vía penal

El propio tribunal advierte que, aunque alguna parte hubiera tenido legitimación para reclamarlo, tampoco habría podido resolverse en este procedimiento penal: «Tampoco podríamos conocer acerca de tal pedimento porque habría de reservarse el correspondiente pronunciamiento a la jurisdicción contable que incumbe al Tribunal de Cuentas».

El origen de la causa se remonta a octubre de 2016, cuando la Diputación de Badajoz creó la plaza de «coordinador de las Actividades de los Conservatorios», adjudicada en julio de 2017 a David Sánchez, entonces desempleado tras finalizar un máster en Milán.

En abril de 2023, fue nombrado «jefe de la Oficina de Artes Escénicas, con un salario superior a los 55.000 euros anuales», tras el cambio de denominación operado en octubre de 2022. Una oficina sin oficina física, según reconoció David Sánchez.

La instrucción del caso, a cargo de la magistrada Beatriz Biedma en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, concluyó con la apertura de juicio oral pese a que «la oposición y varias asociaciones denunciaron que el puesto fue creado a medida, sin funciones claras ni presencia efectiva en la institución». Biedma llegó a recibir críticas del propio Gobierno, lideradas por los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero.

En su declaración de enero de 2025 ante la instructora, David Sánchez aseguró, hasta en 10 ocasiones, no recordar los detalles de su trabajo, desde su propia entrevista de selección hasta la ubicación exacta de su despacho, pasando por la fecha en que empezó a residir en Portugal.

¿Qué hará la Diputación?

El fallo deja así, en exclusiva, en manos de la propia Diputación de Badajoz —como entidad pagadora— o del Tribunal de Cuentas, la decisión de reclamar por vía administrativa o contable las cantidades abonadas a David Sánchez, así como las percibidas por Luis Carrero, condenado por la creación de otra plaza en 2023.

La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un plazo de diez días. Entre tanto, los once condenados sufragarán la mitad de las costas del proceso, incluidas las de las siete acusaciones populares, únicas que han sostenido la causa hasta el final ante la ausencia de la Fiscalía.