La CUP obstaculizará la actividad del Parlament y se niega a negociar los presupuestos de Torra
La CUP dice basta. Los anticapitalistas, reunidos hoy en asamblea en Palamós (Gerona), han decidido obstaculizar la actividad parlamentaria y, además, no negociar los presupuestos del gobierno de la Generalitat, algo que deja las cuentas del ejecutivo de Quim Torra en el aire.
Así lo han decidido las bases del partido antisistema, que se han reunido a petición de tres asambleas que pedían refundar el partido y poner freno al autonomismo de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. De esta forma, los cuatro diputados dejarán vacíos sus escaños del Parlament en la gran mayoría de votaciones.
En una nueva reunión en noviembre, la CUP fijará su nueva hoja de ruta, teniendo en cuenta la obtsaculización de la cámara que han decidido la gran mayoría de miembros que participan en la asamblea del partido, uno de los máximos órganos de decisión del partido asambleísta.
Los cuatro diputados cuperos tampoco se sentarán a negociar los presupuestos del gobierno de Quim Torra, con lo que deja el ejecutivo de JXCat y ERC en una situación muy difícil, ya que para aprobarlos, deberá negociar con los comunes o el PSC, lo que implica renunciar a partidas destinadas a hacer efectiva la independencia. De no aprobarlos, dejaría a Torra en una situación complicada ya que hace unas semanas dijo que de no poder aprobar presupuestos, obligaría al Govern a dimitir.
La CUP critica el “autonomismo” de los dos partidos que forman parte del Govern y la mayoría parlamentaria y quieren desmarcarse de ellos, marcando un fuerte carácter rupturista de caras a futuras elecciones anticipadas. El lunes, además, la CUP no participará en la reunión convocada por Carles Puigdemont en Waterloo.
Liderarán la movilización en las calles
La CUP también ha anunciado hoy tras la asamblea celebrada en Palamós que van a liderar la movilización en las calles hasta que se hagan públicas las sentencias por el juicio del 1O, una movilización que se centrará principalmente contra los gobiernos de España y Cataluña, en el primer caso para denunciar “la represión” y en el segundo para presionar al Govern a hacer efectiva la independencia.
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