Cuando el PSOE de ZP despenalizó los referéndums ilegales: «Es ciencia ficción, a nadie se le ocurriría»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 06/11/2019 06:50
  • Actualizado: 06/11/2019 08:55

La reforma del Código Penal para que la convocatoria de un referéndum ilegal sea considerada delito fue uno de los anuncios ‘estrella’ del candidato de PSOE, Pedro Sánchez, durante el debate electoral de este lunes. Una propuesta que ‘olvida’ que fueron precisamente los socialistas -bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- quienes los despenalizaron.

En 2003, José María Aznar incluyó el delito de prisión para la convocatoria ilegal de un referéndum, en respuesta a las amenazas del entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, de llevarlo a cabo si el Congreso rechazaba su plan soberanista. El Código Penal recogía entonces una pena de entre tres y cinco años de cárcel para el delito de «convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum». Los cargos serían inhabilitados hasta a diez años.

Sin embargo, Zapatero promovió la derogación y la presentó en el Congreso en 2005.

El Diario de Sesiones del 21 de abril de dicho año recoge los argumentos de los socialistas para dejar sin castigo los intentos de golpe de Estado. El partido de Pedro Sánchez pensaba entonces que a nadie se le ocurriría convocar un referéndum ilegal. Y así lo defendió el diputado Álvaro Cuesta, quien, hasta 2014, fue también Secretario Ejecutivo de Libertades Públicas y Derechos de Ciudadanía del PSOE.

Cuesta rebatió las críticas del PP y reprochó que este partido cuestionase «la protección del Estado de derecho frente a amenazas secesionistas». «Nuestra democracia ha subsistido desde 1978 sin necesidad de considerar o crear un tipo delictivo específico para la convocatoria ilegal de elecciones o de referendos», ironizó el parlamentario. «Por favor, dejen ustedes ya de introducir elementos de falsedad y de confusión», espetó a la bancada ‘popular’.

Para Cuesta, que una autoridad intentase convocar, o llevar a cabo, un referéndum ilegal era del todo «imposible». «Ciencia ficción», llegó a decir en un momento del debate.

«¿Quién es la autoridad o funcionario público que puede convocar unas elecciones generales, autonómicas, locales o un referéndum de manera ilegal?», se preguntó retóricamente.

El diputado prosiguió con su tesis: «Yo no me imagino a ningún magistrado, a ningún jurista, a ningún miembro de una Junta Electoral Central o provincial o de zona secundando elecciones, secundando consultas o referendos consultivos que hayan sido convocados de manera ilegal».

«Un grillado»

«Si un presidente de una autonomía manifiestamente incompetente se presenta para que le publiquen en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de una consulta o se presenta pretendiendo activar todo el mecanismo complejo de la Administración electoral, efectivamente, le diría al interlocutor de la Administración algo que decía yo que se usaba como expresión popular en mi región, en mi comunidad autónoma. Le diría este grilló o este está «alloriau», una expresión que se usa en mi tierra para condenar las actitudes extravagantes», exclamó Cuesta.

«Y para hacer frente a alguien que ha alloriau, que está grillado en una disparatada actitud, el derecho no necesita el instrumento del Código Penal al menos como primera barrera», consideró.

Y, de nuevo en dirección a la bancada ‘popular’, insistió: «Están ustedes hablando de un delito de tipo imposible. Yo no me imagino a ninguna autoridad o funcionario público de este país convocando ilegalmente unas elecciones generales, autonómicas, locales o poniendo en marcha un referéndum. Por tanto, ya dije que es un tipo penal imposible». El diputado calificó el hipotético escenario de un referéndum como «ciencia ficción» y opinó que el Estado de Derecho tenía mecanismos de sobra para defenderse, sin necesidad del Código Penal.

«Los artículos del Código Penal que hoy derogamos son también una cuestión de principios porque eran derecho penal simbólico, y el derecho penal simbólico nos lleva a caer en el esperpento y cuando se cae en el esperpento se deja y se da la espalda al derecho», concluyó.

El diputado del PP Ignacio Astarloa trató de desbaratar el «buen talante» del PSOE «ante el desafío de los planes secesionistas», en su opinión, algo «incomprensible».

«Sale gratis a partir de este momento convocar un referéndum ilegal de secesión en España», avisó.

Astarloa avisó

Astarloa se declaró preocupado por «la incertidumbre» de «no saber dónde quieren ir a parar el Gobierno y el grupo mayoritario, en lo que se refiere a los desafíos sobre la convocatoria de referéndum ilegal de secesión».

No entendemos, dijo, «qué piensan ustedes hacer una vez que están privándose de los instrumentos razonables para afrontar el desafío cuando el desafío se produzca».

El dirigente del PP reprochó la excusa del PSOE de que convocar un referéndum sólo se le ocurriría a un chiflado.

«Frente al señor que ha dicho que en cuanto tenga la más mínima posibilidad de hacerlo lo hará, califíquenlo ustedes como quieran —en eso no entro—, pero, por favor, para todos los ciudadanos españoles no priven de los instrumentos que impiden que el señor lo haga, porque estamos hablando de la unidad de España, de la imposición por la fuerza de planteamientos de ruptura y de independencia de España, con utilización de instrumentos ilegales e ilegítimos», dijo, en alusión a Ibarretxe.

La reforma salió adelante con 191 votos a favor, 135 en contra y ninguna abstención, del total de 326 diputados que se encontraban en el hemiciclo en el momento de la votación.

El pasado febrero, el Congreso rechazó la proposición de ley de modificación del Código Penal, promovida por el PP, para castigar con penas de hasta cinco años de cárcel la convocatoria de un referéndum.

La iniciativa fue apoyada por Ciudadanos, Foro Asturias y UPN. El PSOE, con Podemos, PNV, Coalición Canaria e independentistas, la rechazó.