Corinna Sayn-Wittgenstein demanda a Juan Carlos I ante un tribunal de Reino Unido por «vigilancia ilegal»
Juan Carlos I donó a Corinna y a su hijo 65 millones que había cobrado antes del Rey de Arabia Saudí
Corinna: “El director del CNI amenazó mi vida y la de mis hijos… y el Rey Juan Carlos lo sabía”
Ni bruja, ni republicana, ni cortesana, ni comisionista, ni ‘corinnavirus’
La princesa Corinna Sayn-Wittgenstein ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, el High Court de Londres, contra Juan Carlos I y los servicios secretos españoles, a los que acusa de ponerla bajo «vigilancia ilegal» en el Reino Unido. La ex compañera sentimental del Rey emérito presentó la demanda en diciembre de 2020, pero no fue puesta a disposición del tribunal hasta este lunes, 26 de julio.
En la demanda se acusa directamente al Rey emérito de acoso «desde el 2012 hasta la actualidad», y se incluyen denuncias de amenazas y difamación, además de «vigilancia ilegal» por parte de los agentes del servicio de inteligencia español. Sayn-Wittgenstein pide un resarcimiento por daños y perjuicios y una orden de alejamiento para el emérito.
Además, la princesa pide una orden de alejamiento para Juan Carlos y sus agentes, de al menos 150 metros, para impedir que se puedan comunicar con ella, rastrearla o acosarla. Corinna Sayn-Wittgenstein alega que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), su jefe, Félix Sanz Roldán, o personas que trabajaban en nombre suyo o en nombre de Juan Carlos, la pusieron «bajo vigilancia física que incluía investigación de vehículos y personal, violando en su residencia y pirateando sus teléfonos y ordenadores».
Hay que recordar que la ex amiga íntima del Rey emérito afirmó como testigo del caso Villarejo que tanto Sanz Roldán como Juan Carlos I le dejaron claro que era el jefe del Estado el que «mandaba» en esa operación. Cuando fue preguntada si había tenido sensación de ser una ciudadana amenazada por el jefe del Estado y el jefe de servicios secretos, la respuesta categórica de Sayn-Wittgenstein fue «sí», en inglés y a lo que agregó la palabra «aterrorizada». Por su parte, Sanz Roldán, como ex director del CNI, estaría blindado por la Ley de Secretos Oficiales y eso dificultaría su enjuiciamiento.
Batalla sobre la juridicción
Según adelanta el diario británico Financial Times, el equipo legal de Juan Carlos no ha presentado todavía ninguna defensa contra la demanda, pero prevé de entrada una batalla sobre la jurisdicción, es decir, la capacidad del High Court de juzgar a Juan Carlos, ya que se trata de un antiguo jefe de estado de otro país, que, además, no vive en el Reino Unido.
Todo la demanda gira en torno a los 65 millones de euros que la princesa germana recibió de Juan Carlos I en 2012, como desveló en exclusiva OKDIARIO. Un cantidad de dinero que el emérito donó a su entonces pareja sentimental Corinna Sayn Wittgenstein y a su hijo Alexander 65 millones de euros. Según las fuentes consultadas por este diario, el dinero formaba parte de un regalo que Su Majestad había recibido cuatro años antes del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, con quien mantenía unas excelentes relaciones. La donación había sido transferida a través del Ministerio de Finanzas del Estado árabe.
En la demanda, Sayn-Wittgenstein dice que Juan Carlos I le había prometido que “quería asegurarse de que ella y sus hijos recibieran un sustento […] pero le preocupaba que su familia desafiara cualquier cosa que le dejara en su testamento, después de su muerte”.
La princesa germana afirma que Juan Carlos posteriormente solicitó la devolución del dinero y la acusó falsamente de robar los fondos difamándola ante su familia y sus socios comerciales, así como ante el rey Salman y el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudí. Esto, afirma Sayn-Wittgenstein en la demanda, resultó en una pérdida de ingresos de su trabajo como «consultora estratégica que trabaja con personas de alto patrimonio neto y con empresas líderes en todo el mundo».
Esta supuesta pérdida es el elemento principal de su solicitud de indemnización especial, que no se cuantifica en la denuncia.
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