Las contradicciones de Sánchez: Interior mantiene la seguridad privada en prisiones que el PSOE quería anular

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado a Efe esta «contradicción» entre lo que el PSOE ha reclamado en diversas ocasiones -la última el 2 de febrero en una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja- y la decisión del Ministerio de prorrogar el contrato de apoyo a la seguridad exterior en centros penitenciarios.

Según ha indicado a Efe el responsable de AUGC en los Servicios de Protección y Seguridad, Rafael Sánchez, él mismo realizó sendas consultas al portal de transparencia sobre este contrato y desde el Ministerio del Interior se le respondió que se prorrogaría siete meses, es decir desde el 31 de mayo hasta el 31 de diciembre de este año. «Al objeto de dar continuidad a los servicios establecidos se ha previsto un una prórroga de siete meses de duración, sin que hasta la fecha se haya valorado la continuidad o extinción de ese contrato», subraya Interior en su respuesta

Y en otra posterior, el Ministerio cifra en 20,9 millones de euros el coste estimado de esa prórroga. Fue en 2013 cuando se puso en marcha este plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles, lo que levantó las protestas de los sindicatos de prisiones, de asociaciones de guardias civiles y de algunas formaciones políticas, como el propio PSOE e Izquierda Unida.

Con esa decisión, el Gobierno de entonces pretendía ofrecer una salida a los escoltas del País Vasco que quedaban liberados por el cese de la violencia de ETA y, además, muchos agentes de la Guardia Civil destinados en esos puestos de vigilancia exterior podrían recuperarse para labores de seguridad ciudadana.

Sin embargo, el representante de AUGC cree que ninguna de estas dos pretensiones se ha cumplido y que, por el contrario, se «han duplicado» los servicios y «se ha beneficiado» a las empresas privas, que «están obteniendo grandes beneficios».

El representante de AUGC ha recordado que, recientemente, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, compareció en el Congreso para explicar los presupuestos de su departamento y aseguró que la vigilancia exterior de las cárceles volvería a la seguridad pública a media que se fuera reponiendo el déficit de plantillas de la Policía y la Guardia Civil.

Asimismo, Sánchez ha hecho referencia a la iniciativa del PSOE en el Congreso, en la que se insta al Gobierno «a no renovar el contrato de servicio de apoyo por las empresas privadas de seguridad en los centros dependientes del Ministerio del Interior».

Insta también a «sacar las oportunas convocatorias de plazas» de las fuerzas de seguridad del Estado «para atender las necesidades que se derivan por la escasez de recursos personales actuales en la seguridad perimetral de las prisiones».

AUGC reclama que el Gobierno «sea consecuente con sus postulados y no prorrogue el contrato», ya que entiende que ese «ingente derroche de dinero público tiene como única finalidad crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes beneficiarios de tan suculentos contratos».

Resalta AUGC que los vigilantes que prestan esos servicios perciben «unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública».

Sánchez ha calculado el coste total de la seguridad privada en las cárceles desde su puesta en marcha, con un total de 210 millones si se cuenta la próxima prórroga.