El Constitucional admite a trámite el recurso de Puigdemont sobre su suspensión de cargo público

La decisión de Llarena se justificó por la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien el tribunal de garantías establece en su providencia de admisión que en el recurso de Puigdemont «concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal».

La providencia dada a conocer este lunes requiere al Tribunal Supremo para que en un plazo que no exceda de diez días remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes.

No hay urgencia excepcional por responder

Por otro lado, respecto a la solicitud de suspensión de la resolución recurrida el Pleno no aprecia la «urgencia excepcional» a la que se refiere el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). No obstante, procede formar la oportuna pieza separada y conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente en amparo para que efectúen las alegaciones correspondientes.

En su auto, Llarena consideraba que se cumplían en el caso de Puigdemont todos los requisitos que contemplaba el artículo de la LeCrim para suspenderle, pues la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya había hecho firme en dicho momento su procesamiento por el delito de rebelión y estaba decretada la prisión provisional una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), contra el exmandatario catalán.

En su auto, Llarena también señalaba que que era entonces la Mesa del Parlament la que debía adoptar las medidas precisas para que esta suspensión se haga efectiva y dejar la posibilidad de que los procesados suspendidos pudieran ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.

«Resultaría ineficaz si la lógica y legítima aspiración de mantener la mayoría parlamentaria obtenida en los comicios, forzara a los procesados suspendidos a renunciar de manera irrevocable a una representación que la ley les limita sólo temporalmente», decía en su auto el juez instructor.

Tampoco consideraba Llarena coherente que haya que «imponer» a los grupos parlamentarios en los que se integran los seis procesados a que renuncien «a su mayoría parlamentaria» mientras dure la suspensión, ni que los hasta ahora diputados abandonen «definitivamente» su derecho de representación de los electores.