El Constitucional admite los recursos contra el trato de favor del Gobierno en el ingreso mínimo vital
El Ingreso Mínimo Vital y los ERTE complican la declaración de la Renta a cerca de 900.000 españoles
El escudo social de Sánchez hace agua: el ingreso mínimo inicia 2022 repartiendo menos dinero que en 2021
Sánchez presume de subir 75 millones el ingreso mínimo después de no repartir 980 millones en 2021
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad de PP y Vox contra el trato de favor del Gobierno de Pedro Sánchez a Navarra y País Vasco en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. El Ejecutivo socialista otorgó a ambas comunidades las competencias para gestionar a través de sus servicios sociales esta ayuda como contraprestación por el apoyo de los nacionalistas vascos a la quinta prórroga del estado de alarma.
Tanto PP como Vox recurrieron la disposición final trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que modifica la disposición adiciona quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital, por considerar que supone una «frontal vulneración de la caja única».
En concreto, ambas formaciones denuncian que el Gobierno atribuyera al País Vasco y a Navarra competencias en materia de Seguridad Social. Según la portavoz y secretaria general de la formación que dirige Santiago Abascal, Macarena Olona, la norma supone una «evidente ruptura» de la caja única de la Seguridad Social, «que debe ser única para toda España y para todos los españoles».
«Por primera vez en la historia desde la aprobación de la Constitución un Gobierno rompe voluntariamente el marco constitucional de distracción de competencias de este ámbito», indicaba Vox vía comunicado tras presentar el recurso de inconstitucionalidad, al tiempo que recordaba que los propios letrados de la Seguridad Social ya denunciaron a través de su asociación profesional que esta cesión era inconstitucional.
Malestar
La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el proyecto final del ingreso mínimo ya causó perplejidad entre la mayoría de Comunidades Autónomas durante su tramitación. Algunos de los consejeros autonómicos de Bienestar Social criticaron tras su aprobación el trato de favor a País Vasco y Navarra como parte del acuerdo entre el Gobierno y los nacionalistas vascos a cambio de apoyar la quinta prórroga del estado de alarma.
La gran mayoría de autonomías reclamaban también las competencias para gestionar a través de sus servicios sociales esta ayuda. Destacaban, al igual que entidades municipalistas y sindicatos, que «es desde la proximidad que se puede detectar mejor a los necesitados».
Insuficiente
El Ingreso Mínimo Vital es una de las medidas estrella del Gobierno. Pese a ello, esta ayuda no acaba surtir el alivio prometido a los hogares que la necesitan. A este respecto, el Ejecutivo socialista inició el año repartiendo menos dinero que en 2021.
De acuerdo con los informes mensuales del ministerio que dirige José Luis Escrivá, en enero y febrero de este año se han repartido 304 millones de euros con cargo al ingreso mínimo, 152 millones al mes. En cambio, a lo largo del año pasado el Ejecutivo dio 1.962 millones de euros, 163 millones al mes. Esto significaría que, aunque el Ministerio ha anunciado que el número de perceptores ha aumentado hasta superar el millón de personas en marzo, estarían recibiendo menos dinero.
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