La confusión obliga al PSOE a convertir en argumentario las declaraciones de Calvo sobre el mediador
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, lleva fecha del 6 de febrero y sintetiza algunas de las razones esgrimidas por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para justificar la necesidad y conveniencia de constituir un canal alternativo de diálogo entre partidos distintos al institucional para hablar de una solución política para Cataluña.
Bajo el título ‘Ley y diálogo dentro de la Constitución’, la dirección del PSOE sostiene que para que el diálogo sobre Cataluña conduzca a una solución política «es necesario decidir los espacios» para ese diálogo y «el método de trabajo».
Para el Gobierno, asegura el PSOE, el único documento válido que fija la hoja de ruta de este diálogo es la Declaración de Pedralbes suscrita el 20 de diciembre pasado entre el presidente Pedro Sánchez y el president Quim Torra en Barcelona, en la que se comprometieron a trabajar en favor de vehicular una solución política al conflicto en Cataluña que respete la seguridad jurídica y que concite el acuerdo entre una mayoría amplia de catalanes.
El documento con los 21 puntos para la negociación que Torra entregó a Sánchez ese mismo día, entre los que figura la exigencia de una mediación internacional entre el Gobierno y la Generalitat, nunca se han tenido en cuenta por parte del Ejecutivo, asegura el argumentario, distribuido tras una cascada de declaraciones en el seno del partido cuestionando la decisión del Gobierno de Sánchez de crear una mesa de partidos con un relator, por considerar que supone una cesión inaceptable a los independentistas.
«La propuesta del gobierno y el PSOE ha sido siempre la misma: una doble vía de diálogo respetando el orden constitucional: primero, a nivel institucional, entre ambos gobiernos (nacional y catalán) y segundo, a nivel de partidos en Cataluña, para encontrar un consenso que trascienda la dinámica de bloques que durante una década ha caracterizado la política catalana», arguye Ferraz.
Ante la confusión creada por la figura del relator que ha aceptado el Gobierno, el documento aclara que esta persona sólo participará en la mesa de partidos, nunca en el diálogo institucional entre el Ejecutivo y la Generalitat que se canaliza a través de la Comisión Estado-Generalitat.
«Ni es un mediador ni es una figura internacional», afirma Ferraz, que explica que se tratará de una persona «neutral» y elegida «de común acuerdo» por los partidos que se sienten a esa mesa. El relator ayudará a los partidos coordinando los encuentros y asistiendo en su desarrollo.
Garantía de transparencia
El documento incluye sostiene que el relator aportará garantía de transparencia al proceso, pues permitirá que la ciudadanía sepa lo que se habla en esa mesa y lo que cada partido está dispuesto a hacer para solucionar el problema, «siempre dentro de la Constitución», apostilla el PSOE pese a que los partidos independendistas supeditan la constitución de esta mesa a que se centre en hablar del derecho de autodeterminación.
En esta mesa de partidos el Gobierno no estará presente. El Ejecutivo limita su participación en el diálogo a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, donde podrá hablar con las autoridades del Govern de «la situación y las opciones posibles que, dentro de la seguridad jurídica y el orden constitucional, permitan dar salida a esta crisis política», explica el documento de Ferraz.
Esta Comisión se reunirá próximamente en una fecha por determinar y estará presidida por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y por el consejero de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Alfred Bosch.
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