La Iglesia alerta de que la ofensiva por los bienes inmatriculados sea una «desamortización encubierta»

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha avisado de que la intención del Gobierno de detallar sobre qué bienes inmatriculados por la Iglesia tiene derecho el Estado parece «una desamortización encubierta» que puede ir «en detrimento de la acción social de la Iglesia» pues algunos de esos bienes los utilizan para atender a los pobres.

«No queremos despertar los viejos fantasmas de un anticlericalismo que haga ahora también una desamortización reivindicando qué es dominio público. Hay un derecho de la propiedad, y puede ser sujeto de ese derecho una persona individual o entes colectivos, en este caso, la Iglesia», ha defendido.

Así lo ha indicado Gil Tamayo este lunes 10 de septiembre durante la rueda de prensa de presentación del Congreso ‘La Iglesia en la sociedad democrática’ que se celebrará los próximos 3 y 4 de octubre en Madrid y que ha sido organizado por la Fundación Pablo VI en colaboración con la CEE.

En todo caso, el portavoz de los obispos ha asegurado que aunque el Gobierno quiere poner «en negrita» el número de bienes inmatriculados por la Iglesia, están «muy tranquilos» porque saben que «no se ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente».

«Lo que ha hecho la Iglesia es, cuando ha sido posible por la legislación, inscribir en el registro aquellos bienes que de manera secular ha poseído», ha explicado, al tiempo que ha puntualizado que el proceso de inmatriculación «no es en ningún caso un mecanismo de adquisición de la propiedad».

Asimismo, Gil Tamayo ha afirmado que tienen «una confianza infinita en la Justicia española, en caso de conflicto o de dudas» y piden que se cumpla la legislación «desde lo más básico: el derecho a la propiedad».

«Vivimos en un Estado Democrático de Derecho, de defensa de libertades y derechos y, al mismo tiempo, nuestro ordenamiento ofrece posibilidades de defensa y, segundo, el marco europeo nos da una tranquilidad gigante», ha subrayado.

En este sentido, ha agregado que defenderán sus derechos como administradores de dichos bienes, los cuales, según ha precisado, «aportan a la economía más de 22.000 millones de euros al año, un 2% del PIB». También ha destacado que son de «un enorme interés social» desde el punto de vista cultural pero también para la atención a la comunidad y a los más necesitados.

«Son bienes con un enorme interés social, no son bienes para uso y disfrute sólo de los católicos, desde el patrimonio histórico artístico hasta para el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa, el despliegue cultural, para la atención a la comunidad y, sobre todo, en el sentido de opción preferencial para los más pobres. Una de las consecuencias de desamortizar sería en detrimento de la acción social de la Iglesia», ha advertido.

Aunque la Conferencia Episcopal «no tiene ningún registro» de los bienes, según ha señalado Gil Tamayo, ha recordado que hay más de 20.000 parroquias en España por lo que el número de templos será igual a esa cifra y a ellos hay que sumar las casas parroquiales.