Los comerciantes del mercado de San Fernando piden la dimisión del vocal de Ahora Madrid
Los pequeños comerciantes del mercado municipal de San Fernando (Calle de Embajadores, 41) están en pie de guerra contra el presidente de su asociación, el vocal vecino de Ahora Madrid José Roncero Siles.
Estos minoristas se van a reunir el próximo miércoles para pedir su dimisión y la de su equipo «debido al mal funcionamiento del mercado y considerando que el presidente y la directiva no están capacitados para seguir adelante».
Como informó OKDIARIO, la mala gestión de esta persona va a suponer a estos pequeños empresarios que tengan que afrontar pagos de hasta 8 millones de euros en total para indemnizar a un restaurante que finalmente no ha podido abrir en el edificio. Consideran que Roncero Siles y su equipo «no están capacitados para gestionar y administrar las necesidades de los asociados».
«Se solicita la renuncia a sus cargos y/o dimisiones», recoge el orden del día de la reunión a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Aprobarán que «de no ser aceptada de forma voluntaria la dimisión de los cargos de presidente y miembros de la Junta Directiva se propondrá una moción de censura».
«El presidente y la directiva no están capacitados para seguir adelante con la gestión del proyecto»
Los miembros de la asociación de comerciantes han dicho ‘basta’ a la forma de proceder del político de Ahora Madrid. Por una parte, la Justicia ha dado la razón a los promotores del frustrado restaurante Bond y tendrán que acordar una indemnización por la inversión perdida y el lucro cesante.
Por otra parte, como publicó este periódico en enero, Roncero Siles ha sido denunciado por posibles irregularidades en materia de horarios, licencias o seguridad en el mercado.
Sin embargo, él hizo oídos sordos a los requerimientos de la supervisión de la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento que le pide que aclare las cuestiones de las que se le acusa. No acudió a revisar el expediente en el plazo impuesto por el Consistorio. Se escudaba en que la denuncia era anónima cuando, en realidad, la Oficina Antifraude puesta en marcha por Manuela Carmena acepta que las acusaciones sean anónimas.
La denuncia apuntó a que se están instalando “bares encubiertos como barras de degustación” y se está incumpliendo así la norma de que el 75% de los locales tienen que ser de alimentación. Asimismo, señaló “peligros de evacuación en caso de emergencia”.
“Tanto sábados y domingos por la tarde, las puertas están obstruidas con gente fumando y bebiendo, es muy peligroso y de todo esto está informado el concejal Jorge García Castaño tras una reunión hace un año, sin tener después noticias», recogía la denuncia.
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