Cinco ex ministros del PSOE firman un manifiesto contra la reforma de la sedición y la malversación

• Gonzaga Durán @Gonzagads92
• Periodista. Redactor de política nacional en OKDIARIO.
• • 12/12/2022 11:36
  • Actualizado: 12/12/2022 12:13

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición ha difundido un manifiesto para rechazar el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a sus socios separatistas, mediante la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación. Este manifiesto ha sido secundado por ex ministros y ex diputados del PSOE.

Este texto, apoyado por más de 300 personas, cuenta con la firma de hasta cinco ex ministros socialistas: César Antonio Molina, ex ministro de Cultura; Javier Saénz Cosculluela, ex ministro de Obras Públicas y ex portavoz del Grupo Socialista; Virgilio Zapatero, ex ministro de la Presidencia y catedrático; Julián García Vargas, ex ministro de Defensa y de Sanidad; y José Luis Corcuera, ex ministro de Interior. En esta lista también figuran siete ex diputados socialistas, como Francisco Vázquez y Nicolás Redondo. A esto hay que sumar a entidades y ex altos cargos de los últimos 40 años entre los que se encuentran ex secretarios de estado, embajadores, ex magistrados del Tribunal Constitucional, catedráticos y antiguos cargos autonómicos, provinciales y locales.

Los firmantes arremeten contra el Ejecutivo de Sánchez porque, a su juicio, tiene el objetivo de «obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución». «Romper España no es un delito de orden público», recalcan.

En el manifiesto se critica la tramitación legislativa elegida por el Gobierno para «prescindir» de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de debates sobre «un problema jurídico de tanta trascendencia».

«Desinflamación»

Los firmantes recalcan que derogar el delito de sedición y cambiar el de malversación supondrá «un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente». «Se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo que es más lesivo aún que el lucro personal», agrega el texto.

El manifiesto califica de «burla» hablar de «desinflamación del conflicto catalán» cuando todos los condenados «han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo». Por otra parte, niega que la Unión Europea haya exigido reformar el delito de sedición en España, tal y como defiende el Gobierno, y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos.

Destaca que los hechos ocurridos en Cataluña en 2017 «no fueron desórdenes sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional» e insiste en que pactar la redacción del decreto «con los delincuentes» carece de homologación en Europa.